Fuente: www.cincodias.com

El Gobierno ha fijado en un mes el plazo del que disponen los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas para aprobar e iniciar el itinerario individualizado y personalizado de los parados sin ingresos que solicitan los 400 euros.

El parado que quiera recibir ayuda tiene que demostrar la búsqueda activa de empleo durante 30 días.

Así consta en la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para determinar la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de la ayuda de 400 euros, prorrogada la semana pasada.

El nuevo plazo de 30 días para diseñar el itinerario pretende acelerar el cobro de las ayudas, ya que los parados no empiezan a percibirlas hasta que el itinerario individualizado de inserción está en marcha.

De hecho, uno de los objetivos que se persigue al fijar este plazo en un mes es unificar el cobro de la ayuda en las diferentes comunidades autónomas, ya que existen diferencias muy notables entre las regiones.

La solicitud de la ayuda deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses desde que se agota el derecho a la prestación o subsidio. Si se presenta fuera de ese plazo, será denegada.

En esos dos meses, el desempleado debe realizar durante un periodo mínimo de 30 días acciones de búsqueda activa de empleo y acreditarlas antes el Servicio Público de Empleo Estatal.

En la resolución publicada este sábado se concreta que el solicitante deberá acreditar tres acciones de búsqueda activa de empleo, que podrán ser tanto las que realice directamente el desempleado como las propuestas por el Servicio Público de Empleo.

Búsqueda activa de empleo

Así, se considerarán acciones para la búsqueda de empleo el trabajo por cuenta propia o ajena, el envío o presentación de currículum en tres empresas distintas y la realización de, al menos, una entrevista de trabajo.

De la misma forma, contarán como acciones activas la inscripción en al menos una agencia de colocación autorizada, la inscripción como solicitante de trabajo en portales de empleo privados o de los Servicios Públicos de Empleo, la presentación a ofertas de trabajo de los Servicios Públicos de Empleo y otras actuaciones ofertadas por estos Servicios, específicamente en acciones formativas.

Si la acreditación de la búsqueda de empleo se presenta fuera del plazo de dos meses se denegará la ayuda y los Servicios Públicos de Empleo podrán llevar a cabo actuaciones de verificación y seguimiento de estas acciones a través de técnicas de muestreo.

Fuente: www.elmundo.es
Desde el 1 de septiembre los autónomos tienen que pagar un recargo del 20% cuando se retrasen un «sólo día» en el pago de las cotizaciones sociales. Sin embargo, también tienen que liquidar el nuevo IVA con Hacienda por adelantado aunque sus clientes, ayuntamientos y comunidades autónomas, se demoren en el pago de sus deudas durante meses.

Los trabajadores por cuenta propia liquidaron 390 millones de IVA en la primera mitad de año por contratos que aún no han cobrado de las administraciones públicas, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Ahora, con la subida del impuesto indirecto, la asfixia financiera será mayor.

«El IVA se convierte en una losa«, advierte Lorenzo Amor, presidente de la asociación. Según ATA, el aumento del IVA y de impuestos a autónomos supondrá un coste de 1.100 euros más al año para los trabajadores por cuenta ajena.

Al incremento del IVA se suman a partir del 1 de septiembre un aumento del recargo de equivalencias, mayores retenciones a profesionales y una subida del recargo por el retraso en el pago de cotizaciones.

Las retenciones a profesionales suben del 15% al 21% hasta enero de 2014, cuando se situarán en el 19%. Además, los recargos de equivalencia, aplicados a comercios minoristas que sólo venden a clientes finales, suben del 4% y 1% al 5,2% y 1,4% para los tipos general y reducido, respectivamente.

Por su parte, la anterior gama de multas por retraso en el abono de cuotas a la Seguridad Social se ha unificado en el 20%, la más alta, aunque se tarde «ún sólo día» en pagar, según ATA.

Comunidades y ayuntamientos arruinados

«El plan de pago a proveedores ha sido una gran inyección de liquidez, pero la bola vuelve a crecer», advierte Amor. El programa del Gobierno sacó de los cajones 17.718 millones de facturas de las comunidades autónomas y más de 9.300 millones de 4.663 entidades locales, incluidos ayuntamientos.

Sin embargo, según ATA, las administraciones públicas deben aún unos 4.978 millones de euros a los autónomos y tardan en pagar 161 días de media. «La hemorragia se ha parado pero la herida sigue abierta», advierte el presidente de la asociación.

Los pliegos de contratación de las administraciones públicas llevan incluidos todos los impuestos. «Según la normativa vigente, en las propuestas económicas realizadas a los Entes Públicos se entenderá incluido el IVA», explica la Agencia Tributaria en una nota aclaratoria.

El tipo del IVA que se aplica en estas operaciones es el vigente en el momento del devengo, la fecha en que se formalizó el servicio o la compraventa de bienes. En el caso de las certificaciones de obra, se aplica el impuesto según el momento de su cobro.

Es decir, los autónomos y empresas que fueran contratados por la administración pública antes de la subida del IVA y no acabaron aún sus obras tendrán que liquidar con Hacienda la subida del impuesto. «Y, además, los autónomos somos también consumidores. Nos están asfixiando», advierte el presidente de ATA.

Fuente: www.eleconomista.es

Ha llegado la fecha temida por todos. Es 1 de septiembre, acabó la cuenta atrás y sube el IVA. Tal y como aprobó el Gobierno el pasado 13 de julio, el tipo general se eleva del 18 al 21 por ciento y el reducido del 8 al 10 por ciento. Se mantiene en el 4 por ciento el superreducido, pero en cambio pasan a gravarse al tipo general las entradas a cines, teatros, espectáculos deportivos, conciertos, museos, parques de atracciones, zoológicos, servicios de limpieza de vías públicas, los arrendamientos con opción de compra de viviendas, o los servicios de peluquería, entre otros.

El Gobierno prevé recaudar 9.500 millones con esta medida, pero no está claro que lo vaya a conseguir. Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, asegura que como mucho serán 7.500 millones. En la última subida en 2010 el Ejecutivo de Zapatero esperaba recaudar 5.000 millones y al final ingresó 3.600 millones de euros. Pero es que además existe el peligroso antecedente de Portugal.

Forzado por Bruselas, el Gobierno luso subió el IVA en 2011 confiando en incrementar los ingresos un 11,6 por ciento y, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria en los siete primeros meses del año, ha ingresado un 1,1 menos. Empresas de todos los sectores advierten, de hecho, de que habrá un desplome del consumo y una oleada de despidos. Entre los que peor lo pueden pasar están los pequeños comerciantes, que no tienen margen para asumir el incremento de la presión fiscal. La Confederación Española del Comercio (CEC) ha advertido, en este sentido, de que la supervivencia de una buena parte de los establecimientos está en peligro.

Comercios al borde del cierre

El presidente de la organización, Manuel García Izquierdo, se muestra tajante: «Acaban con las esperanzas de aquellos comerciantes que todavía confiaban en poder mantener abiertos sus negocios». En su opinión, «las graves consecuencias que acarreará no tardarán en observarse en las ciudades, causando una pérdida irreparable para toda la sociedad».

La CEC calcula que hay al menos 75.000 establecimientos en grave riesgo de desaparición. «Va a resultar catastrófico para nuestro sector y, sin duda, va a afectar de lleno al consumo. Nos hemos descapitalizado, endeudado y hemos ajustado nuestros márgenes comerciales para mantener nuestros establecimientos abiertos y a nuestros trabajadores», subraya García-Izquierdo.

Aunque el impacto no será tan fuerte, la preocupación entre las grandes superficies y las cadenas de supermercados es también notoria. La Asociación Española de Supermercados (Aces) ha advertido ya de que el incremento causará un descenso del consumo y Anged, la Asociación de Grandes Empresas de Distribución, que defiende los intereses de compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Alcampo o Ikea, avisa también de una caída de las ventas, aunque confía en que la liberalización de los horarios permita, al menos, compensarlo en parte. Y lo peor es que en un contexto de atonía de la demanda y con el consumo minorista acumulando 24 meses consecutivos de caída, en el gran comercio dan por hecho que el incremento de la presión fiscal sobre los ciudadanos no tendrá el efecto esperado.

Caída del consumo

Los antecedentes, desde luego, no son buenos. Cuando en el año 2010 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero anunció una subida del IVA, del 16 al 18 por ciento y del 7 al 8 por ciento, en los tramos general y reducido respectivamente, muchas grandes superficies comerciales anunciaron su decisión de absorber la subida para evitar que repercutiese en el cliente y el consumo no retrocediese. Pero lejos de lograrlo, sus ventas no han parado de caer y la consecuencia más inmediata ha sido la destrucción de empleo.

Y si el comercio lo va a pasar mal, en el sector turístico están encendidas también todas las alarmas, con una rebaja de ingresos que podría elevarse hasta los 2.000 millones de euros anuales y la destrucción de 18.700 empleos. Consciente de hecho de la grave repercusión que podría tener en la campaña veraniega, el Gobierno optó por aplazar la subida impositiva hasta que acabara la temporada. Aun así, nada más conocerse la decisión, las grandes organizaciones empresariales del sector enviaron un comunicado conjunto en el que alertaban de los efectos dañinos de la medida.

La Comisión de Turismo de la patronal CEOE, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), la Federación Española de Hostelería y Restauración (Fehr), la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) y la Mesa de Turismo auguran que por cada punto que sube el IVA la recaudación se reduce en 1.000 millones de euros anuales para el Estado, generando además cuantiosas pérdidas a las empresas. Y lo peor, quizás, es que un punto de incremento significa también que 9.350 personas pierdan sus empleos al cabo del año. El aumento de los precios, lógicamente, se traduciría en una caída en la demanda tanto nacional como internacional, ya de por sí reducida. Para las organizaciones empresariales, «los tipos impositivos reducidos son un instrumento esencial para la sostenibilidad del turismo en España».

Hostelería

En la misma línea se pronuncian también los hosteleros, que insisten, además, en que el incremento del impuesto aumentará la economía sumergida en su sector. Aun así, Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería (Fehr) reconoce en declaraciones a elEconomista que «podía haber sido mucho peor».

La patronal insiste en que los bares, restaurantes y cafeterías llevan desde 2009 sin casi subir los precios. «La mayoría de pequeños establecimientos han tenido que apretarse el cinturón y, aunque es difícil seguir así, tendrán que asumirlo para no perder ventas», explica Gallego. La Fehr explica que resulta difícil calcular el número de locales que podrían verse abocados al cierre por la subida y mucho menos saber cuánto empleo se puede destruir, pero incluso así se muestra confiada en que «tras 50 meses consecutivos de caída de ventas, 2013 sea mejor para la hostelería».

De momento, en el primer semestre del año se ha producido una caída media de los ingresos del 4,1 por ciento respecto al mismo período de 2011. El sector emplea a 1,4 millones de personas y las últimas noticias no son demasiado positivas porque, a la espera de que se conozcan los datos de agosto, la suma de los empleados dados de alta en la Seguridad Social el pasado julio fue un 0,8 por ciento menor que la que se dio en el mismo mes del año pasado. Eso, a la espera de lo que pueda ocurrir ahora si hay un incremento de precios y cae la demanda.

Pero si hay un sector que puede tener serios problemas en los próximos meses, al margen de comercio, turismo y hostelería, ese es el del motor. Un argumento poderoso radica en las estadísticas de matriculaciones que en julio, a dos meses vista de la subida del IVA, se redujeron un 17,2 por ciento, y en la primera quincena de agosto retrocedieron algo por encima del 19 por ciento. Desde el último incremento del IVA en 2010, que coincidió con el agotamiento de los recursos destinados al Plan 2000E, las ventas no han parado de caer y este nuevo golpe fiscal puede acelerar aún más los descensos. Los resultados durante este año han ido empeorando y las distintas asociaciones automovilísticas de fabricantes (Anfac), de importadores (Aniacam), de concesionarios (Faconauto) y de vendedores (Ganvam) han rebajado sucesivamente sus previsiones de cierre de mercado de 800.000 a menos de 700.000 unidades.

Con el fin de intentar un repunte, por leve que sea, del mercado, algunas marcas automovilísticas han decidido asumir el IVA parcialmente para todos los clientes que han hecho pedidos de sus modelos, pero sólo durante el mes de agosto. En septiembre no hay ya margen, y los precios subirán. Para evitar los despidos, la única solución podría ser un nuevo plan de ayuda, algo que ya está preparando el Ministerio de Industria, pero que, según los vendedores, puede que no sea suficiente.

La destrucción de empleo puede ser también masiva en los mercados y sectores donde la subida del IVA será más fuerte, al pasar del tipo reducido, del 8 por ciento, al general, del 21 por ciento. Es el caso de las peluquerías y de la cultura. En el primer caso, las tres patronales del sector han avisado ya que la medida provocará la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo y el cierre de 3.000 pequeñas empresas durante el primer año de aplicación de la medida.

Pero si las peluquerías están preocupadas, la industria cultural está en pie de guerra. Tras conocerse el incremento, 4.000 empresarios del sector enviaron una carta abierta y pública al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que aseguraban que el alza del tributo va a acabar con 4.500 empleos y con el 20 por ciento de las compañías dedicadas a la música, cine y artes escénicas. Según la SGAE, no es una cuestión baladí porque la cultura genera 503.700 puestos de trabajo y supone el 4 por ciento del PIB. «Se perderán 43 millones de espectadores y se reducirán en 530 millones de euros los ingresos de taquillas. El impacto tan negativo de la desorbitada subida hace que nuestra petición de un IVA reducido sea irrenunciable», aseguran.

Las únicas empresas que pueden respirar tranquilas unos meses más son lasinmobiliarias, porque la vivienda nueva seguirá sujeta al IVA superreducido durante 2012. Eso sí, a partir del próximo mes de enero, la compra de casas comenzará a tributar al 10 por ciento, frente al 4 por ciento actual. El problema es que desde entonces puede ser peor porque se acabará también la deducción fiscal por compra.

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