Prensa C. G. P. J. – El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha firmado hoy con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, un convenio de colaboración cuya finalidad es promover en toda España el desarrollo de la mediación intrajudicial como medio complementario para la solución de conflictos.

Con la rúbrica de este acuerdo, el órgano de gobierno de los jueces y la Abogacía cumplen las normas europeas sobre mediación y la recomendación dirigida por el Parlamento Europeo a los Estados miembros para que intensifiquen sus esfuerzos en el impulso del uso de la mediación en litigios civiles y mercantiles y en la mejora de la colaboración entre los profesionales de la justicia con este mismo fin.

Estrecha colaboración

La colaboración entre el CGPJ y el CGAE en materia de mediación se remonta a 2016, fecha en la que suscribieron un primer convenio que ha ido renovándose. El acuerdo firmado hoy en la sede del Consejo General del Poder Judicial deroga los anteriores y responde a la necesidad de adaptar el texto a la legislación vigente.

El objetivo común de ambas partes es contribuir a la implantación de la mediación. Para ello, el CGPJ se compromete a promover e impulsar la mediación entre los jueces y magistrados y a favorecer la adecuada coordinación entre los diferentes proyectos que se pongan en marcha a partir de la firma del convenio y los órganos jurisdiccionales. También se compromete a superar los obstáculos que dificulten la colaboración institucional en la puesta en marcha de las iniciativas de mediación y a velar por que la mediación que se desarrolle en los juzgados sea de calidad. Finalmente, a promover la suscripción de códigos de conducta de los mediadores.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española se compromete a fomentar e impulsar la mediación promoviendo el uso de esta herramienta entre los abogados para que puedan informar y asesorar a las partes en litigio. También, a dar a conocer y difundir el convenio entre los 83 Colegios de Abogados, que podrán adherirse al mismo; a velar por que se garantice que la mediación desarrollada en los distintos colegios sea conforme con los protocolos que se diseñen a tal efecto en los partidos judiciales, teniendo como base la Guía Práctica para la mediación elaborada por el CGPJ; y a colaborar en la difusión de material divulgativo dirigido a los usuarios de la Administración de Justicia.

Una comisión de seguimiento, que deberá reunirse al menos una vez al año, velará por el cumplimiento del convenio, cuya vigencia es de cuatro años.

Etiquetas: abogacía, mediación, cgpj

Fuente: noticias.juridicas

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  • El estado de alarma hizo que se ampliara hasta a 120 días la caducidad de los mensajes enviados por LexNET
  • La caducidad de los mensajes en LexNET vuelve a ser, a partir del 4 de agosto, de 60 días

Una de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, de cara a facilitar el trabajo a letrados y procuradores, fue la de ampliar el período de vigencia de los mensajes y acuses en los buzones de los destinatarios, siempre y cuando se hubieran emitido con posterioridad al 31 de enero de 2020, de 60 a 120 días.

Con el restablecimiento de la actividad y el cese del estado de alarma, y al objeto de evitar mensajes atrasados que pueden ocasionar problemas en el sistema, LexNET informa que a partir del próximo 4 de agosto, los mensajes volverán a tener una vigencia, tal y como dispone el RD 1065/2015.

Para consultas o incidencias puede ponerse en contacto con el Centro de Atención a Usuarios:

Para el personal funcionario del Ministerio de Justicia:
o CORREO ELECTRÓNICO: cau@justicia.es
o WEB AUTOSERVICIO: https://cau.justicia.es
o TELÉFONO: 913859800

Para profesionales independientes que se relacionan con Justicia:
WEB CAU EXTENDIDO.

Fuente: economistjurist.es

Etiquetas: Lexnet,abogados, nota, importante

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Fuente: https://www.economistjurist.es/

Etiquetas: administración, justicia, letrados, abogados, app, aplicaciones, telemático

Tanto el artículo 19.1 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, como el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ del pasado 29 de abril de 2020 apuestan por la celebración de juicios telemáticos.

Ante tal aparición, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha solicitado que las aplicaciones que ya se usan para los llamados juicios telemáticos o juicios virtuales, cuenten con la validación del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), como autoridad independiente. Ya la  Carta  de  Derechos  del  Ciudadano,  que  consta  en  un  Acuerdo  adoptado  por  el  Congreso  de  los  Diputados  de  fecha  16  de abril de 2002, establecía el derecho de los ciudadanos a que la comparecencia de los sujetos procesales ante un órgano de la Administración de Justicia sea lo menos  gravoso  posible,  y  a  comunicarse  a  través  de  email,  videoconferencia  y  otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales.

La Ley 18/11, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Administración de Justiciaya estableció tanto en el preámbulo como en su articulado, la necesidad de creación de un órgano que fije las pautas necesarias para asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia y la cooperación entre las distintas administraciones, además de fijar los criterios sobre los que debe asentarse la necesaria colaboración.

Este órgano es el Comité Técnico estatal de la Administración Judicial Electrónica o “CTEAJE”, regulado en el Real Decreto 396/13, de 7 de junio, con importantes competencias en orden a favorecer la compatibilidad y a asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados en la Administración de Justicia, así como para asegurar la cooperación entre las distintas Administraciones.

La promulgación de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha supuesto una profunda transformación en la organización de la Administración de Justicia y en la del personal a su servicio, y convirtió a este colectivo en pieza clave de la Oficina Judicial otorgándole importantes atribuciones para agilizar el proceso civil y descargar al juez de tareas procesales.

En este contexto organizativo, la figura del secretario judicial adquiere particular relevancia, y de ahí que la mencionada Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, le dedique una regulación aparte del resto de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, definiendo con precisión sus funciones dentro de la nueva estructura de la Oficina judicial, atribuyéndole nuevas funciones procesales, potenciando sus capacidades profesionales y asignándole responsabilidades de coordinación con las Administraciones Públicas competentes en materia de justicia.

El artículo  229  de  la  LOPJ,  en  su  redacción  dada  por  la  L.O.  13/2003,  de  24  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,  dispone que “las actuaciones judiciales podrán realizarse a través de videoconferencia u  otro  sistema  similar  que  permita  la  comunicación  bidireccional  y  simultánea  de  la  imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de  personas  geográficamente  distantes,  asegurando  en  todo  caso  la  posibilidad  de  contradicción  de  las  partes  y  la  salvaguarda  del  derecho  de  defensa,  cuando  así  lo  acuerde el juez o tribunal. En estos casos, el Letrado de la Administración de Justicia del juzgado o tribunal que haya acordado la medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia mediante la previa  remisión  o  la  exhibición  directa  de  documentación,  por  conocimiento  personal  o  por cualquier otro medio procesal idóneo.” Continúa el art.230 LOPJ indicando que “Los juzgados y tribunales y las fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones.” El artículo 236 quinquies de la LOPJ prevé que “Los Jueces y Tribunales, y los Letrados de la Administración de Justicia conforme a sus competencias procesales, podrán adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.

Conforme a la LOPJ los Letrados de la Administración de Justicia con su exclusiva fe pública judicial deben asegurar la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido; y la misma Ley orgánica les encomienda la condición de responsables de seguridad en materia de protección de datos y de la intimidad en Justicia.

Desde el CNLAJ nos recuerdan que “Una brecha de seguridad puede provocar que cualquier grabación sea alterada o incluso aparezca en redes, poniendo los datos personales a disposición de terceros no autorizados”. El presidente del CNLAJ, Rafael Lara, ha perseverado en el compromiso de los Letrados de Justicia con el avance tecnológico en la Administración de Justicia “nuestra implicación demostrada durante tantos años en la modernización de la Justicia y en el desarrollo y aplicación de las Nuevas Tecnologías apoyando y ayudando a su implementación, más aún en el momento actual de crisis, está fuera de toda duda”.

Debemos recordar la importancia y papel fundamental de los Letrados de la Administración de Justicia. Se trata de un Cuerpo superior jurídico y único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia y dependiente del Ministerio de Justicia; son los responsables de seguridad a los efectos previstos en la legislación de protección de datos de carácter personal así como los depositarios de la fe pública judicial que dota de seguridad jurídica a los actos procesales, telemáticos o no, y en cuya virtud se establece la presunción de veracidad de las actuaciones autorizadas por la misma. Recordaba CARNELUTTI que la actividad de que resulta el ejercicio de la función judicial no proviene de un hombre sólo: junto al juez están otros hombres, otras personas, las cuales forman parte de la propia función. Las exigencias de la Administración de Justicia no podrían ser satisfechas si la función judicial fuese confiada a una sola persona.

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Etiquetas: juicio, telematico

Fuente: https://confilegal.com/

El Ministerio de Justicia ha elaborado una guía técnica con recomendaciones para la celebración de los juicios telemáticos en su territorio (cinco Comunidades Autónomas –Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Ceuta y Melilla- y órganos centrales: Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional).

Los juicios telemáticos son una de las medidas implantadas a raíz de la crisis del coronavirus “para garantizar la seguridad de los ciudadanos, profesionales y funcionarios públicos y evitar contagios”.

En cumplimiento del Real Decreto Ley 16/2020, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas, y en general todos los actos procesales se realizarán preferentemente mediante vía telemática, siempre que se disponga de los medios técnicos necesarios y se garanticen los presupuestos procesales del procedimiento en cuestión.

El Ministerio ha informado que esta guía tiene por objetivo la determinación de los aspectos mínimos que deben concurrir para la utilización del sistema de videoconferencia operable en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia (Cisco Meeting), en las actuaciones judiciales que deben ser grabadas por el sistema eFidelius.

La guía analiza los elementos organizativos y técnicos para la utilización de dicho sistema.

Incluye también aspectos jurídicos, que ya están recogidos en la guía que difundió el mes pasado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su aplicación en todos los juzgados y tribunales de España.

En la guía del Ministerio se especifican las cuestiones técnicas que son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de videoconferencia, comprendiendo desde el acceso a la sala virtual, a la conexión con eFidelius, y todos aquellos aspectos que permitan la realización de las actuaciones telemáticas previstas por los órganos y oficinas judiciales.

DESCARGAR GUÍA PARA JUICIOS TELEMÁTICOS EN EL TERRITORIO MINISTERIO 

En caso de duda sobre alguno de los aspectos de esta guía, deberá contactarse con el correspondiente secretario coordinador provincial.

El Ministerio de Justicia señala que lo que pretende con esta guía es “facilitar la práctica de las actuaciones judiciales en este formato, ofreciendo la información necesaria a usuarios internos y externos, a la vez que se homogeneiza la forma en que habrán de llevarse a cabo en todo el ámbito competencial del Ministerio”.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 27 de mayo una ‘Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas’ para todo el territorio nacional, en la que ofrece pautas y recomendaciones para llevar a cabo los juicios, ya que no existe un desarrollo reglamentario de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El documento también tiene una segunda parte técnica en la que se especifican cuáles son los requisitos técnicos mínimos que deben reunir los sistemas para garantizar que se puedan hacer los juicios con arreglo a los consejos que da.

La guía del CGPJ ha sido elaborada por tres vocales, José María Macías, Victoria Cinto y José Manuel Ballestero, y el letrado Juan Carlos Garcés, con el objetivo claro de establecer unas pautas homologadas para todos aquellos jueces y magistrados que tienen previsto realizar juicios telemáticos.La Comisión Permanente del CGPJ aprueba la Guía para la celebración de juicios telemáticosEl Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la Guía para la celebración de juicios telemáticos que homologa la forma de organizarlos y realizarlos.

DESCARGAR GUÍA DEL CGPJ PARA ACTOS PROCESALES TELEMATICOS 

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LAS VISTAS

Por otro lado, para posibilitar que la ciudadanía y los medios de comunicación puedan asistir a una vista de un proceso judicial, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un proyecto que permite retransmitir los juicios en directo o consultarlos posteriormente desde la Sede Judicial Electrónica.

El Ministerio indica que el acceso de la ciudadanía a las vistas judiciales a través de Internet “es un claro ejemplo de cómo la tecnología es uno de los principales aliados de la Justicia para garantizar los derechos de los ciudadanos”.

“Gracias a esta tecnología se potencia el derecho a la audiencia pública de los procesos judiciales, reconocido en el artículo 120 de la Constitución”, apunta.

 Además, el Ministerio de Justicia destaca que “da un paso más en su compromiso con la protección frente al Covid-19, ya que la retransmisión en directo de las vistas hace que no sea necesaria la asistencia presencialmente de medios de comunicación y ciudadanos a las sedes judiciales, minimizando así el riesgo de contagios”.

Según ha informado, esta iniciativa piloto se ha puesto en marcha durante esta semana en la Audiencia Nacional con la reanudación del juicio a la excúpula de los ‘Mossos d’Esquadra’.

Se puede acceder a la retransmisión de las vistas en el canal de la Audiencia Nacional.

Indica que “como ha sucedido con la celebración de los juicios telemáticos que vienen celebrándose ya con absoluta normalidad, esta experiencia novedosa de streaming se puede extender a todas las salas de vista del territorio competencia del Ministerio de Justicia”.

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Etiqueta: poder, procurador, administrativo

Fuente: https://confilegal.com/

El Supremo concluye que la omisión del poder del procurador en el momento de interponer un recurso contencioso-administrativo es subsanable, aunque al aportarlo haya finalizado el plazo hábil para su interposición.

Así lo acuerda la Sala de lo Contencioso-administrativo en la sentencia número 635/2020, 2 de junio, que cuenta con el voto particular del magistrado Francisco Javier Borrego Borrego, ponente de la sentencia, que discrepa del criterio de la mayoría de la Sala porque “se está yendo demasiado lejos”.

El tribunal ha estado formado por Segundo Menéndez Pérez –presidente-, Rafael Fernández ValverdeOctavio Juan Herrero PinaWenceslao Francisco Olea GodoyFrancisco Javier Borrego Borrego –ponente- y Ángeles Huet de Sande.

La cuestión que presentaba interés casacional para la formación de jurisprudencia consistía en determinar si la redacción del artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) permite subsanar la falta de poder del procurador con posterioridad a la presentación del recurso contencioso-administrativo y transcurrido el plazo de interposición, cuando su otorgamiento se efectúa ‘apud acta’  y, a tal efecto, es requerido por el letrado de la Administración de Justicia.

El Supremo concluye que sí y reproduce los argumentos de esta misma Sala en una sentencia del pasado 27 de mayo de 2020.

“No cabe declarar la inadmisión de un recurso contencioso administrativo en el que el/la procurador/a no acompañe con el escrito que lo inicie el poder para pleitos o la designación ‘apud acta’ que acreditarían su representación incluso aunque estos no se hubieran otorgado aún, si lo hace dentro del plazo de 10 días desde que fue requerido/a para ello y aunque al aportar uno u otro hubiera finalizado el plazo hábil para la interposición de aquel recurso”.

Por ello estima el recurso de casación, anula las resoluciones de las instancias previas y ordena retrotraer las actuaciones procesales a fecha anterior a los autos recurridos.

ORIGEN DEL RECURSO 

El origen de este asunto se encuentra en los recursos presentados contra dos resoluciones de 2017 del Jurado Provincial de Expropiación de Pontevedra en relación a dos parcelas.

El debate se desarrolla sobre una de ellas.

El recurso se interpuso conjuntamente para ambas parcelas, solicitando la acumulación. Tras el requerimiento para aportar el poder, se presenta apoderamiento ‘apud acta’ en abril de 2018.

Más tarde, en junio, se pone en conocimiento del recurrente que al tratarse de dos resoluciones distintas, con pretensiones económicas diferenciadas que ponen cada una fin a un procedimiento individual de justiprecio, ha de interponer recurso por separado, de modo que se admite a trámite el recurso en relación a una parcela y se da un plazo para interponer el otro. Recurso que finalmente es presentado en julio.

En noviembre de 2018, la letrada de la Administración de Justicia dictó decreto de caducidad del trámite al no haber presentado la demanda en el plazo establecido.

Al amparo del artículo 52.2 LJCA, la recurrente presenta el mismo día el escrito de demanda y el abogado del estado se opone.

Recibido el expediente administrativo se comprueba que el poder está fuera del plazo de interposición. La Sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acordó inadmitir el recurso, al considerarlo un “defecto de capacidad procesal insubsanable“.

La Sala, en auto de 2 de abril de 2019, desestimó el recurso de reposición contra el auto de 6 de marzo que inadmitió el recurso.

Tras esta resolución acudió en casación al Supremo, que en esta sentencia del 2 de junio estima el recurso.

La parte recurrente entendía que el poder ‘apud acta’ presentado en el primer recurso que presenta acumulando la resolución sobre ambas fincas debe servir para este, invocando la jurisprudencia y acompañando un poder general para pleitos otorgado por su cliente en enero de 2019 ante un notario de Pontevedra.

VOTO PARTICULAR, CON REFERENCIA AL CONSTITUCIONAL Y AL TEDH

Por su parte, el magistrado ponente de la sentencia, Javier Borrego, ha sido el autor del voto particular. En el mismo afirma que “desde el respeto al criterio de la mayoría”, cree que en esta materia “se está yendo demasiado lejos”.

“Para cualquier profesional del derecho se constata que, en materia de derechos fundamentales, se produce un número siempre creciente de pleitos que no tienen por objeto ‘los derechos del hombre y del ciudadano’ (Declaración de 1789), sino el derecho en singular vinculado a los operadores, en nuestra Constitución, ‘la tutela judicial efectiva’. Los operadores jurídicos parece hemos dejado de ser el instrumento del ciudadano en defensa de sus derechos propios, para convertirnos en el eje de los derechos fundamentales. Y también se constata que en esta materia, si se declara un principio, por ejemplo y en este caso, el antirrigorista de flexibilización de las formas, parece existir enseguida como un afán de extender y extender dicho principio hasta terminar negando el carácter imperativo de las formas“, explica.

El magistrado disidente argumenta que la omisión del poder de representación del procurador al interponerse recurso contencioso administrativo (artículos 24 de la LEC y 45.2 de la LJCA) es un defecto no subsanable y que solamente puede ser rectificado mediante aportación del poder notarial o apoderamiento ‘apud acta’ dentro del plazo de dos meses establecido en el artículo 46.1 de la LJCA ,en el supuesto de existir aun tiempo para ello.

“Como expresa el auto impugnado, el recurso en el Procedimiento Ordinario 7023/2018, contra resoluciones notificadas el 20 de noviembre de 2017, fue interpuesto el 19 de enero de 2018 sin acreditar la representación de la procuradora. Esta representación tuvo lugar mediante poder ‘apud acta’ formalizado el 13 de abril de 2018, casi tres meses después de interponer el recurso“, dice el voto particular.

La procuradora no podía, por lo tanto, subsanar nada porque se le había pasado el plazo para la interposición del recurso. 

Recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 79/2001, de 26 de marzo que establece que la posibilidad de subsanación de la omisión del poder del procurador puede darse “cuando, atendida la ratio de su exigencia procesal, ésta pueda aún ser reparada sin menoscabo de la regularidad del procedimiento y sin daño de la posición de la parte adversa, y siempre que, en definitiva, no se aprecie una posición negligente o contumaz en el recurrente”.

También señala la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en concreto la decisión Malysh e Ivanin contra Ucrania, por la que el 9 de septiembre de 2014, rechazó dos demandas por no haber cumplimentado todos los requisitos en el plazo de seis meses.

“Si el TEDH no admite subsanación o aportación de los documentos exigidos fuera del transcurso del plazo para la presentación de la demanda ello quiere decir que, conforme al artículo 10 de la Constitución Española, la interpretación del plazo para recurrir debe considerarse como algo imperativo, y que si no se cumple, dentro de los dos meses para recurrir en vía contenciosa, el requisito de acreditar la representación del procurador, dicha omisión, salvo circunstancia justificadora expuesta en tiempo, no podrá rectificarse”, afirma.

Traducido: Que solo se podía haber aportado el poder en los dos meses establecidos.

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Si ha sido madre reclame ya y recupere lo que ha tributado por la prestación de maternidad en el IRPF. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a Hacienda a devolver lo tributado. 

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La exención del IRPF en la prestación por maternidad divide a los expertos

Mujer embarazada. (EFE)

La publicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) según la cual la prestación por maternidad está exenta de tributar por IRPF ha provocado a lo largo de todo el día de hoy un aluvión de reacciones y división de opiniones entre expertos y responsables políticos y sindicales. PSOE y C’s anunciaron que estudiarán la resolución.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideraron que la exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a la prestación por maternidad que concede la Seguridad Social declarada por una sentencia del TSJM, tal y como adelantó hoy CincoDías, “choca con los principios de igualdad y progresividad fiscal que proclama el artículo 31 de la Constitución española”. En opinión de esta organización, el cobro de esta prestación permite a las personas trabajadoras durante la baja por maternidad continuar manteniendo un poder adquisitivo similar al que tenían con su nómina y, por lo tanto, su capacidad contributiva con el sistema.

Por ello, Gestha consideró que “desde una visión exclusivamente técnica”, las exenciones de cualquier clase de renta “deben establecerse por razones muy fundamentadas y justificadas”. Como ejemplo, el colectivo señaló la prestación por desempleo, que tributa en el IRPF “a pesar de que va dirigida a personas que se encuentran en una situación normalmente más precaria que la de una trabajadora de baja por maternidad”, informa Europa Press.

Además, Gestha señala que esta exención produciría un “agravio comparativo en términos de progresividad”, ya que la “exención no distinguiría si se trata de un contribuyente con ingresos elevados o bajos”, por lo que “se beneficiarían de ella tanto las madres con sueldos bajos, como las directivas de grandes empresas”.

Oleada de demandas

El sindicato UGT exigió al Ministerio de Hacienda y Función Püblica que devuelva de oficio las retenciones de IRPF practicadas en las prestaciones por maternidad y paternidad, tras la sentencia del TSJM o, en caso contrario, llama a los casi 2,5 millones de afectados a reclamar su devolución.

En un comunicado, UGT exige a Hacienda que modifique su interpretación de la Ley del IRPF para que la prestación por maternidad y paternidad quede exenta del pago de este impuesto, ya que así lo recoge la actual legislación, como ha sentenciado el TSJM.

Y es que el fallo de la sentencia abre la puerta a que las trabajadoras que dedican parte de su tiempo al cuidado de menores tras su nacimiento o adopción durante las 16 semanas de duración del permiso de maternidad puedan reclamar la devolución de lo que han abonado por el impuesto entre 2012 y 2016, “y lo mismo tendría que ocurrir con las prestaciones por paternidad”, explicó UGT.

La organización sindical cifra en 2.499.892 el número de trabajadores que han percibido prestaciones de maternidad y paternidad desde 2012, y que a su juicio podrían reclamar a Hacienda la devolución de los últimos cuatro años.

En este sentido, los grupos parlamentarios socialista y de Ciudadanos aseguraron ayer que analizarán en detalle las implicaciones que pueda acarrear la citada sentencia.

El diputado del PSOE Pedro Saura aseguró que su partido está dispuesto a estudiar los cambios necesarios para avanzar hacia un IRPF más progresivo, que distribuya mejor la riqueza y que ayude a las familias y a la conciliación de la vida personal y laboral.

Por su parte, el diputado de la formación naranja Vicente Ten explicó que hay que analizar la sentencia porque la prestación por maternidad “siempre se ha entendido como un rendimiento del trabajo”, por lo que consideró que habrá que estar pendiente también de lo que se resuelva sobre este caso en instancias superiores, ya que la sentencia del TSJM no sienta jurisprudencia.

Por último, fuentes de la Agencia Tributaria insistieron en que la Dirección General de Tributos mantiene su criterio, tal y como establece además la norma, según el cual la prestación por maternidad debe tributar por IRPF. Las mismas fuentes recuerdan que la propia sentencia establece que no ha lugar a recurso de casación contra la misma, por lo que todo dependerá de si se produce o no una avalancha de demandas y qué determina sobre las mismas cualquier tribunal superior de justicia.

Fuente: cincodias

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a Radiotelevisión de la Región de Murcia a indemnizar con 25.000 euros a una mujer, víctima de violencia de género, por vulnerar su derecho a la intimidad y a la propia imagen, por haber emitido en un informativo un conjunto de datos que permitían identificarla, como eran la imagen de su rostro, su nombre de pila y la localidad de los hechos.

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El Supremo, en sentencia de la que sido ponente el presidente de la Sala I, Francisco Marín Castán, ha estudiado el conflicto entre la libertad de información y los derechos a la intimidad y a la propia imagen. La mujer consideró vulnerados sus derechos por el contenido de dos informativos de la televisión murciana emitidos el 16 de junio de 2009, donde se informó del juicio oral que se seguía en aquellas fechas contra la expareja de la mujer por delitos de malos tratos y otros, de los que ella era víctima.

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Murcia desestimó íntegramente la demanda de la mujer, argumentando que la noticia y la imagen de la demandante se obtuvieron en la vista del juicio oral y público del caso, acto al que accedió la televisión demandada, y que la mujer, como acusación particular, no solicitó ninguna medida restrictiva de la publicidad del juicio. La Audiencia de Murcia confirmó que el Juzgado había hecho una adecuada ponderación del derecho de la televisión a comunicar una información veraz en un juicio por hechos de indudable interés público, aunque accedió a la petición de la mujer de que se retirara de la web de la televisión los contenidos relativos a su imagen y datos, toda vez que ella había exteriorizado su negativa a que permanecieran los mismos.

El Supremo ha estimado el recurso de la mujer y condenado a la televisión por vulnerar su intimidad e imagen. Destaca que no se discute el interés de la información cuestionada ni el derecho de la cadena televisiva demandada a emitir imágenes grabadas durante el acto del juicio oral de la causa penal, ya que no consta ninguna limitación al respecto acordada por el órgano judicial.

Añade que el único punto controvertido es si la identificación de la demandante como víctima de los delitos enjuiciados en dicha causa penal, mediante primeros planos de su rostro y la mención de su nombre de pila y lugar de residencia, estaba también comprendida en el derecho fundamental de la cadena de televisión demandada a transmitir información veraz o, por el contrario, quedaba limitada por los derechos fundamentales de la demandante a su intimidad personal y a su propia imagen.

En ese sentido, la Sala recuerda que , en relación con las actuaciones y procedimientos sobre violencia de género, el art. 63 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece una protección reforzada de la intimidad de las víctimas, “en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia” (apdo.1), facultando a los jueces para “acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas” (apdo.2).

Victimización secundaria

“La circunstancia –añade el Supremo- de que en el presente caso el órgano judicial no acordara esas medidas y la demandante tampoco las solicitara, ni por sí misma ni mediante su abogado, omisiones que la sentencia recurrida considera relevantes para no apreciar una intromisión ilegítima en la intimidad y la imagen de la recurrente, no puede entenderse como una habilitación incondicionada a los medios que los eximiera de agotar la diligencia debida en el tratamiento de la información ponderando el daño que podían infligir a la víctima mediante la llamada «victimización secundaria», que en este caso consistió en superponer al daño directamente causado por el delito el derivado de la exposición pública de su imagen y su intimidad al declarar en el acto del juicio oral”.

En definitiva, para el alto tribunal, “la cadena de televisión demandada debió actuar con la prudencia del profesional diligente y evitar la emisión de imágenes que representaban a la recurrente en primer plano, bien absteniéndose de emitir las correspondientes tomas, bien utilizando procedimientos técnicos para difuminar sus rasgos e impedir su reconocimiento. De igual modo, también debió evitar la mención de su nombre de pila, porque este dato, insuficiente por sí solo para constituir intromisión ilegítima, pasó a ser relevante al pronunciarse en pantalla simultáneamente con la imagen de la demandante y añadirse la mención de su localidad de residencia, datos todos ellos innecesarios para la esencia del contenido de la información, como demuestran las noticias sobre el mismo juicio publicadas al día siguiente en otros medios”.

Fuente: poderjudicial

La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Santander aprobado el 17 de septiembre de 2010 por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al estimar un recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales (ARCA).

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La sentencia estima uno de los motivos del recurso de ARCA, en concreto el relativo a la insuficiencia de recursos hídricos suficientes para la población sin la utilización del denominado Bitrasvase (Proyecto de Abastecimiento de Aguas a Santander), que fue anulado a su vez por sentencia del Supremo de 18 de diciembre de 2013. El Supremo entiende que el resto de argumentaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en este proceso, que avaló el PGOU, eran acertadas, pero que en el citado aspecto de los recursos hídricos no lo es.

El Supremo discrepa de la consideración que el TSJ cántabro “realiza, con una indebida extralimitación, en el sentido de entender que la razón de decidir de la sentencia del TS de 18 de diciembre de 2013 -según se dice, motivación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de Bitrasvase- “es susceptible de ser subsanada y corregida, sin considerarlo una mera formalidad”. Obvio es que será en la ejecución de aquella sentencia, el órgano competente de su ejecución -a la sazón, la Sala de la Audiencia Nacional- el que tendrá, en su caso, que pronunciarse sobre la ejecución de la STS de 18 de septiembre de 2013”.

“Más, con independencia de ello -añade el alto tribunal-, lo cierto es -aunque por una circunstancia  “externa” al PGOU- que éste debe de ser anulado, así como la Resolución aprobatoria del mismo. Anulados el proyecto y la obra del Bitrasvase por el Tribunal Supremo, la existencia de recursos hídricos para la ciudad de Santander queda en entredicho, y, su suficiencia, en modo alguno acreditada, con vulneración del artículo 25.4 del TRLA (Texto refundido de la Ley de Aguas).

No sirve la voluntariosa argumentación de la Sala de instancia, desde un lógico planteamiento estrictamente procesal, con fundamento de que la nulidad jurisdiccional del Bitrasvase es una cuestión nueva no planteada en el momento procesal oportuno de la demanda, pues, la insuficiencia de los recursos hídricos, como la misma Sala reconoce, siempre fue esgrimida por la recurrente, bien desde la perspectiva de la insuficiencia, bien desde la perspectiva de la afectación a los LICs de los que procede el agua”.

Por ello, el Supremo estima este concreto motivo, “porque la cuestión -sin duda- planteada, y, en concreto, la suficiencia de los recursos hídricos, ha sido una cuestión suficientemente debatida, y su insuficiencia, como consecuencia de un previo pronunciamiento jurisdiccional -que en modo alguno puede ser obviado-, claramente acreditada; incluso, como la sentencia reconoce, las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre la incidencia del pronunciamiento jurisdiccional de referencia por cuanto el mismo afectaba a la nulidad de pleno derecho de un proyecto y una obra, directamente vinculada el tema de fondo debatido en el recurso contencioso administrativo relativo a la suficiencia de los recursos hídricos de Santander”.

Fuente: poderjudicial

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Fuente: eleconomista

Se acabaron las multas sorpresa para los conductores madrileños. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado un recurso presentado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en el que se solicitaba que las multas interpuestas por la Policía Municipal de la capital se notifiquen en el mismo momento a los infractores.

En diciembre de 2010, la Ordenanza de Movilidad de Madrid se modificó, permitiendo desde entonces a los agentes multar a los conductores sin necesidad de detenerles para notificarles de la infracción cometida cuando estén regulando el tráfico o no tengan medios para perseguir al vehículo.

Este hecho dejaba indefenso al conductor puesto que le privaba de saber el por qué de la sanción. Además, como consecuencia del gran periodo de tiempo que transcurre desde que se interpone la multa hasta que llega al conductor, este puede que ni siquiera recordase si circulaba por dicha vía en ese momento, lo que agudiza su indefensión. Por ello, el Tribunal considera que este hecho no se contempla en la Ley de Seguridad Vial y ha decidido anularla, según informa Intereconomía.

No obstante, el cambio de normativa tiene algunas excepciones. Los agentes podrán seguir multando a distancia cuando la detención del vehículo ponga en riesgo la circulación – se deberá detallar el motivo de esta decisión -, cuando el conductor no esté presente y el vehículo esté mal estacionado, o que los agentes basen la sanción en medios de captación (radares) y reproducción de imágenes (semáforos foto-rojo).

Cabe destacar que la decisión del TSJM tendrá carácter retroactivo, por lo que el Ayuntamiento de Madrid deberá devolver la cuantía de todas las multas interpuestas de forma irregular (el 80%) desde el año 2010: la AEA las cifra en 600.000.

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La Sala Tercera avala el porcentaje fijado por el TSJ de Cataluña al ejecutar las sentencias dictadas por el alto tribunal desde 2010

Fuente: www.poderjudicial.es

El Tribunal Supremo considera razonable fijar en un 25 % el uso del castellano en las escuelas de Cataluña y que incluya una asignatura troncal y no solo la de lengua castellana. La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, avala así el porcentaje fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al ejecutar las sentencias del alto tribunal que desde 2010 vienen reconociendo el uso del castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas.

Ese porcentaje fue recurrido tanto por dos padres de alumnos, que solicitaban que se fijara en el 50%, como por la Generalitat de Cataluña, que entendía que, cuando estableció ese criterio,  el TSJ estaba suplantando una potestad que le correspondía a la Administración catalana.

Ahora el Tribunal Supremo, en dos sentencias de fecha de 23 y 28 de abril rechaza  tanto los recursos de los padres como el recurso de la Generalitat.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo explica en ellas por qué considera razonable y proporcionado ese 25% de horas lectivas en castellano, lo que incluye necesariamente áreas o asignaturas de carácter troncal. Según la Sala, ese baremo se ajusta al contenido de la sentencia que reconoció el derecho a impartir clases en castellano, «pues de la misma no se sigue, como pretende el recurrente -uno de los padres- que el objetivo de normalización lingüística haya sido alcanzado plenamente en Cataluña ni que, por tanto, ambas lenguas vehiculares hayan de serlo en idéntica proporción».

Según el Supremo, la decisión adoptada por el TSJ de Cataluña ha de entenderse proporcionada, razonable y ajustada a la consecución de la efectividad de la enseñanza del castellano, derivada de su carácter de lengua vehicular, que es lo que la sentencia dispuso en su fallo.

Frente a las alegaciones de la Generalitat, que consideró que el TSJ suplantaba sus competencias, el Tribunal Supremo dice que el TSJ ha tenido que suplir el incumplimiento de la Administración, que ha hecho dejación de esa potestad y que ha venido desatendiendo los sucesivos requerimientos efectuados por la Sala para ejecutar la sentencia, por lo que fijar esa proporción no constituye “una inaplicación de los preceptos correspondientes del Estatuto de Autonomía y la Ley catalana de Educación, sino dar cumplimiento a los mismos en los términos que se siguen de la doctrina del Tribunal Constitucional».

El Supremo recuerda que el TSJ otorgó a la Generalitat » varias y reiteradas oportunidades para que llevará a efecto lo ordenado en la sentencia, esto es, para que adoptará las medidas que garanticen el establecimiento del castellano como lengua vehicular y estableciese la correspondiente proporción».  En el último requerimiento, de 14 de noviembre de 2013, el TSJ «insistió en la necesidad de que la Administración llevará a cabo esta fijación, anunciando que, en caso contrario, la determinación de la proporción o del porcentaje adecuado se efectuaría por la propia Sala, que es lo que finalmente aconteció en los autos que ahora se recurren».

El Tribunal Supremo dice también que la condición de lengua vehicular no puede entenderse alcanzada, como lo señala la propia sentencia, reduciendo el uso del castellano al de «objeto de estudio de una asignatura más», por lo que no basta con la enseñanza de dicha lengua cooficial, sino que debe incluir otra área, materia o asignatura de carácter troncal.

La Sala añade, por último, que la «atención individualizada» que proponía la Generalitat para dar cumplimiento a la sentencia ha sido ya reiteradamente rechazada por el Supremo, «pues conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos por razón de la lengua habitual».