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Desde el año 2013 los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares publican sus criterios de honorarios profesionales. Una manipulación de pecios de los abogados contrarias a la normativa reguladora de defensa de la competencia.

Law

Comportarse como un cartel de precios, como un monopolio. Así interpreta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que se comportaban los Colegios de abogados de Madrid y Alcalá. Ambos han sido sancionados.

La CNMC ha sancionado al Colegio de Abogados de Madrid con una multa de459.024 euros y al Colegio de Abogados de Alcalá de Henares con una multa de25.264 euros por la realización de recomendaciones colectivas de precios dirigidas a sus Colegiados.

Según la Ley de Colegios Profesionales, el ejercicio de las profesiones colegiadasdebe realizarse en régimen de libre competencia que prohíbe la existencia de recomendaciones colectivas de precios, incluso aunque sea a través de baremos de carácter meramente orientativo.

En particular, la CNMC ha acreditado que el Colegio de Madrid publicó en 2013 una recopilación de criterios que constituía una recomendación colectiva de precios, alno incluir verdaderos criterios sino una lista completa de los honorarios que debían aplicar los abogados colegiados en Madrid en sus servicios profesionales.

En el caso del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, la CNMC ha acreditado también la publicación en 2013 en su página web de unos criterios orientativos de honorarios de los abogados que incluían un listado de precios y, además, la prohibición en sus estatutos colegiales los pactos con clientes para cobrar solo en caso de resultado positivo (“cuota litis”).

La CNMC considera que los Colegios no han ofrecidos criterios orientativos sino que se trata de auténticos baremos de honorarios, lo que vulnera claramente la Ley de Colegios Profesionales y la Ley de Defensa de la Competencia.

Las investigaciones fueron iniciadas el año 2013 por el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) de la Comunidad de Madrid para evaluar si las conductas realizadas por los citados colegios eran  contrarias a la normativa reguladora de defensa de la competencia.

En ambos casos, la CNMC insta a ambos Colegios a que, en el , se abstengan de realizar conductas semejantes. Además, ambos colegios tendrán que difundir entre sus Colegiados el texto de la sanción. 

Fuente: www.elderecho.com

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El Ministerio de Justicia ha fijado los servicios mínimos correspondientes a la huelga de secretarios judiciales convocada para este jueves en la Comunidad de Madrid y que incluye una plantilla del 20% en el Tribunal Supremo, otro 20% en cada Tribunal Superior de Justicia y un 30% en cada Audiencia Provincial.

Los servicios mínimos abarcan dos secretarios judiciales en el orden penal de la Audiencia Nacional, dos en lo Contencioso y lo Social de la Audiencia y tres fedatarios públicos en los Juzgados Centrales de Instrucción, Central de lo Penal y Central de Vigilancia Penitenciaria y Menores. Otros dos deberán cubrir su puesto en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

La Secretaría General de la Administración de Justicia considera servicios esenciales todas aquellas actuaciones que puedan afectar a la libertad de las personas como sucede con los juicios y las causas con preso, las que supongan un perjuicio de derechos irreparable, los servicios de guardia de los Juzgados, las medidas cautelares y el registro de asuntos, así como las actuaciones de Registro Civil, con prioridad a las de naturaleza registral.

Los trabajadores, que reclaman mejora laborales, tildan la propuesta de servicios mínimos de “atentatoria” para el derecho de huelga, “superando con creces el calificativo de abusivos”. “Y sin tiempo apenas para poder acudir a los tribunales”, lamentan.

El Comité de Huelga ha expresado su “profundo malestar” por la forma de actuar del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien, a su juicio, “se apresura a llamar con un talante negociador” al colectivo de jueces y fiscales, pero no así a los miembros del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales.

“Tales actos no hacen sino demostrar realmente cuál es la auténtica afectividad del ministro hacia esta profesión y, lo que es más grave, hacia los ciudadanos pues no ha querido negociar para evitar un mal que nadie desea, que es la huelga en la Justicia madrileña”, añade en un comunicado, para denunciar la “extrema e incomprensible parálisis” de las asociaciones de secretarios judiciales.

Reclamaciones profesionales

Este movimiento “de base y espontáneo” de fedatarios públicos reclama un marco de régimen estatutario propio, un nuevo régimen de sustituciones, un régimen disciplinario semejante al de jueces y fiscales al ser el de los secretarios judiciales “bastante más gravoso y duro que el de aquellos”.

Piden un marco de representación y negociación laboral propio y el establecimiento de un catálogo pormenorizado de enfermedades profesionales. Exigen que se resuelva “de una vez” la “atroz problemática y trato” a los miembros de la tercera categoría de secretarios.

El colectivo exige la “adecuación retributiva” a las responsabilidades que la ley le otorga en cuanto a la dirección del juzgado o la asunción de las funciones que anteriormente eran desempeñadas por los jueces, y por las que responden disciplinaria y penalmente. “Y que, en ningún caso, sean inferiores a las de los otros dos Cuerpos Superiores, jueces y fiscales”.

Resume que se tratan de cuestiones estatutarias “sin coste económico alguno para el Estado” y que la modificación retributiva puede marcar un periodo de ‘vacatio legis’ –entrada en vigor– de dos años en espera de que mejore la situación económica que atraviesa el país.

El Comité de huelga invita a los secretarios judiciales que secunden la jornada de paro a acudir al Salón de Actos del edificio de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid a partir de las 9.00 horas de la mañana.

Fuente: www.expansion.com

www.abogados-hg.com

La institución que representa a los abogados de la capital española registró números rojos en 2012, pero tiene un patrimonio mayor y unas cuentas más saneadas que la de los letrados de la Ciudad Condal.

Los colegios de abogados de Madrid (Icam) y Barcelona (Icab), los dos más importantes de España, acaban de aprobar sus cuentas del ejercicio 2012, un año con resultados muy dispares en ambos casos. Mientras que la institución catalana ha logrado incrementar su superávit anual un 37%, hasta apuntarse un beneficio de 263.000 euros, el Icam registró pérdidas cercanas a los 600.000 euros el año pasado, poniendo así fin a una gestión marcada en ejercicios anteriores por el superávit en sus cuentas.

En 2011, el Colegio de Madrid se había anotado un resultado neto de 4,4 millones de euros. El motivo por el que entró en números rojos es una aportación de más de 4 millones para la constitución de una nueva mutua sanitaria del servicio médico, una de las partidas que más recursos consume a las cuentas del Icam y que más polémica ha generado en el último año.

En general, 2012 ha sido un año difícil para ambos colegios, que han visto cómo su patrimonio se reducía entre un 5% y un 7%. Aun así, las dos instituciones han sabido manejar sus cuentas y han optado por reducir la deuda bancaria en más de un 40%, lo que ha tenido un impacto significativo en su tesorería, reduciendo su colchón financiero.

El Colegio de Madrid es tres veces más grande que el de Barcelona en número de socios y, por tanto, aunque sus recursos son mayores, también lo son sus cargas, ya que el Icam está, por ejemplo, más endeudado con los bancos, y sus ingresos crecieron el año pasado menos que los del Icab, sin tener en cuenta las subvenciones de la Administración Pública que ambos reciben por el turno de oficio, que también se han resentido durante los últimos años.

Transparencia

– El Colegio de Abogados de Madrid cuelga en su página web una memoria completa de su actividad financiera, que es auditada por Ernst & Young. – La memoria del Colegio de Barcelona, además de no estar disponible en castellano, no está auditada y no incluye la cuenta de pérdidas y ganancias ni otros documentos financieros relevantes, sino un resumen de su presupuesto y un balance. – En ambos casos, la información está disponible en su web, como ocurre con las empresas cotizadas.

Un ejercicio difícil
Con estas cifras sobre la mesa, 2012 fue un año especialmente duro para el Colegio de Madrid. Sin embargo, los diferentes modelos de gestión aplicados durante los últimos años han hecho que el colchón financiero del Icam sea mayor que el de los abogados de Barcelona.

Hasta este año, la institución madrileña acostumbraba a ahorrar cerca del 10% de sus ingresos, hasta el punto de que en 2011 tenía en caja cerca de 20 millones de euros, cifra que se redujo a la mitad en 2012, en parte, por una partida para reducir deuda bancaria. Además, el Icam aprovechaba los picos de tesorería para sacar rentabilidad a través de depósitos, generando unos ingresos adicionales de algo más de medio millón de euros, frente a los 50.000 euros que logró el Icab.

La tesorería del Colegio de Barcelona es diez veces menor porque sus presupuestos anuales tienden a incluir tantos gastos como ingresos, aunque, al final del ejercicio, la balanza se inclina siempre a favor de la cifra de negocio y queda un pequeño superávit. Una filosofía que, a partir de ahora, también se impone en el Icam.

La nueva decana de los abogados madrileños, Sonia Gumpert, ha impuesto un nuevo modelo económico, más parecido al de Barcelona, al no prever un superávit en sus cuentas para 2013. Aunque el Colegio de Madrid sigue teniendo alrededor de diez millones de euros en caja, cualquier imprevisto podría dar un vuelco a las cuentas.

Por ejemplo, en su memoria, el Icam no contempla como un riesgo que una parte importante de sus ingresos dependa de la Administración Pública a través del pago por el servicio del turno de oficio, unas facturas que cada vez se tardan más en cobrar y que, en el caso de las compañías privadas, está obligando a provisionar esos importes, además de las tensiones de tesorería que están generando.

En el caso de Madrid, queda pendiente también ver qué pasa con el servicio médico, cuyo reorganización llevó al Colegio a números rojos en 2012. En los presupuestos de este año, ya se prevé que será un servicio con un déficit de más de 600.000 euros, mientras que en 2012 era capaz de autofinanciarse con las cuotas de los beneficiarios.

Ingresos por colegiado
Ninguno de los dos colegios contempla tampoco como un riesgo financiero a tener en cuenta la pérdida de ingresos en 2013 si finalmente se elimina la colegiación obligatoria, tal y como prevé actualmente el borrador del proyecto de Ley de Servicios Profesionales. Sin embargo, la viabilidad económica de estas dos instituciones depende de los ingresos por cuotas.

En el caso de Madrid, más de la mitad de la cifra de negocio procede del servicio médico, pero éste será deficitario en 2013; también lo suele ser el turno de oficio, por lo que son las cuotas de los miembros las que tienen que asumir estas pérdidas. Además, en el caso de Barcelona, la dependencia es incluso mayor, ya que ingresa, de media, 474,5 euros por colegiado, es decir, un 55% más que el Icam, que obtiene alrededor de 305 euros por miembro.

Además, en esta partida son muy importantes las nuevas incorporaciones, ya que tienen que pagar una cuota fija de 300 euros. Para 2013, el Icam ya prevé una caída de ingresos por este concepto cercana a los 800.000 euros.

El Colegio de Madrid cerró el año pasado con 66.406 miembros, frente a los 22.700 de Barcelona. Ambos aplican un sistema diferente en la fijación de las cuotas, aunque, por lo general, estar adscrito al Icab es más caro. Por ejemplo, un abogado ejerciente durante el primer año tendrá que pagar en Madrid 162,6 euros anuales, un 44% menos que en la Ciudad Condal. Sin embargo, un letrado con cuatro años de antigüedad paga 10 euros menos en Barcelona que en Madrid. Modelos económicos diferentes pero que cuentan con el apoyo de sus colegiados, ya que en ambos casos acaban de dar el visto bueno a las cuentas de sus respectivos colegios.

La herencia del Colegio de Madrid
El Colegio de Abogados de Madrid incluye en su balance un apartado bajo el lema de Legado Pedrol, que se refiere a la herencia que la institución recibió en 1993 de Antonio Pedrol Rius, ex decano del Colegio en la década de 1970.

El jurista también fue senador y presidente del Consejo General de la Abogacía. Entre otros activos, Pedrol dejó al Icam en herencia el 50% de una finca en Salou, que ahora figura contabilizada como una inversión inmobiliaria, y un piso en el Paseo de la Castellana, en Madrid, valorado en 258.716 euros, y que al figurar en el apartado de inmovilizado material se contabiliza como una sede más del Colegio.

En total, el conocido como Legado Pedrol está valorado en libros en 503.598 euros, aunque anualmente se amortizan alrededor de mil euros para ajustar su valor.

Fuente: www.elpais.com

La Agencia Tributaria recuerda a los grandes despachos fiscales que el nuevo Código Penal prevé que no prescriba el delito por sacar bienes al extranjero

El próximo viernes, 30 de noviembre, concluye el plazo fijado por el Ministerio de Hacienda para que los evasores se acojan a la amnistía fiscal. Cinco días clave para el Gobierno, que espera recaudar 2.500 millones de euros con esta polémica medida de gracia tributaria que permite a los defraudadores legalizar el dinero negro pagando solo un 10% o, incluso menos, en algunos casos. Con el indulto fiscal se regularizan todos los bienes y capital oculto pero solo hay que pagar por lo no prescrito, los últimos cuatro años.

El proceso iniciado por el Gobierno el pasado 30 de marzo ha estado repleto de sombras e incertidumbres que cuestionan la seguridad jurídica para los que se sumen al indulto tributario. La regularización fiscal sigue pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional porque el PSOE considera que quiebra principios de la Carta Magna. Además, los asesores fiscales y grandes despachos tributarios pronto revelaron la fragilidad del proceso. Expresaron sus dudas y exigieron garantías de que Hacienda no perseguirá a quien legalice su situación.

La Dirección General Tributaria tuvo que publicar dos informes aclarando y enmendando algunos aspectos del decreto ley que regulaba la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Hacienda también tuvo que desarrollar los detalles del procedimiento en una orden ministerial.

Incluso los inspectores fiscales, a través de la organización mayoritaria IHE, consideran que la medida es injusta. Todos estos factores han aplazado la decisión de los evasores para limpiar su dinero, pero en las últimas semanas la actividad es frenética en despachos de abogados y asesores de banca privada. Aun así, numerosas voces creen que será muy difícil que se alcance el objetivo inicial de recaudación previsto por el Ministerio de Hacienda, en 2.500 millones de euros. El último dato público conocido eleva los ingresos por la amnistía a 50,4 millones en julio, según el informe de recaudación de la Agencia Tributaria de hace cuatro meses. Desde entonces los responsables de Hacienda decidieron ocultar el dato de recaudación hasta la semana que viene cuando haya acabado el plazo.

Hacienda mantiene el objetivo.Por eso, el Gobierno considera fundamental esta semana. “Serán días decisivos para la regularización”, conceden fuentes gubernamentales, que creen que los evasores esperarán “hasta el último momento”. Hacienda está intensificando los contactos con los principales despachos fiscales, bancos de inversión y grupos de asesores fiscales para aclarar las últimas dudas, garantizar la seguridad jurídica del indulto y, sobre todo, recordar que es un ultimátum. Les advierten de que la situación será mucho peor para los defraudadores que ignoren la amnistía. “Es cierto que en los últimos días se ha producido un aumento de los contactos. Nos consultan casos concretos y les explicamos el contenido de las leyes contra el fraude”, precisan fuentes de Hacienda. Los consultores fiscales plantean casos concretos como uno que quería regularizar el yate de su cliente que había utilizado para crear sociedades fantasma en paraísos fiscales, o el que quería legalizar un picasso.

Pero en cada contacto que las autoridades de la Agencia Tributaria mantienen con los asesores fiscales les avisan de las consecuencias que tendrá la reforma del Código Penal, que entrará en vigor en breve. La nueva norma prevé la imprescriptibilidad de los bienes evadidos en el extranjero. Es decir, que si Hacienda descubre cuentas corrientes, o inmuebles en otros países sin que se hayan declarado considerará que estos proceden del último ejercicio no prescrito, aunque su origen fuera anterior. Este nuevo artículo permitirá al fisco cargar con mayor dureza contra los defraudadores. Ante la presión, algunos asesores han reclamado la ampliación del plazo hasta fin de año. Pero Hacienda lo ha descartado taxativamente. En cinco días se verá la efectividad de la medida más controvertida del Gobierno.

Fuente: www.expansion.com

El juzgado de primera instancia de Pamplona obliga a publicar un fallo en Twitter, la plataforma en la que se cometió el acto ilícito. Esta resolución abre el camino a un nuevo medio de difusión de sentencias.

“Publico este tuit en cumplimiento de la sentencia de 11-10-12 del juzgado de 1ª instancia 5 de Pamplona, que declara que los tuits que remití el 18-03-11 vulneran el honor de Doña Uxue Barkos”. Ana Pineda, exconcejal de UPN, tuvo que publicar este mensaje en su cuenta de Twitter como parte de una condena por intromisión ilegítima en el honor de la edil de Nafarroa Bai.

No es la primera vez que los tribunales se ocupan de cuestiones como la difamación en las redes sociales. Sin embargo, sí es novedoso que un juez decida que el derecho de rectificación se ejecute vía red social y no en un medio de comunicación tradicional, como es habitual. En este caso, el objetivo del magistrado ha sido utilizar el mismo medio en el que se produjo el acto ilícito para restablecer el honor de la demandante y que el fallo llegue a las mismas personas que leyeron los mensajes inapropiados.

La novedosa sentencia plantea sin embargo diversos interrogantes que, sin duda, se solventarán en futuros casos en los que se vuelvan a ver involucradas las redes sociales. Entre las incognitas más relevantes estarían la pérdida de control sobre el cumplimiento del fallo, el no sufragar los gastos de publicación de la rectificación –algo que sí ocurre en los medios impresos, por ejemplo– o la posibilidad de retuiteo del fallo en otras cuentas, lo que podría afectar al derecho al olvido de la condenada.

El mejor medio
“El juez ha estimado que Twitter era el mejor medio de difusión en este caso, pero quizá debería haber sido más explícito a la hora de explicar las formas de cumplir la sentencia”, asegura Francisco Pérez Bes, vicepresidente de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (Enatic).

“El problema con la difusión en las redes sociales es que el juez pierde el control y la posibilidad de verificación del cumplimiento del fallo y depende de la buena fe del condenado para cumplirlo. En un futuro, si un magistrado decide utilizar una red social para publicar un fallo, debería conocer todas las características de ésta y ser mucho más específico en la manera de hacerlo”, añade Pérez Bes.

Por otro lado, el fallo obligaba a la condenada a mantener el tuit en su timeline (listado cronológico de mensajes) durante dos meses, sin tener en cuenta su actividad en Twitter. “Si el usuario publica muchos tuits al día, la sentencia nunca llegará a tener la publicidad necesaria”, explica.

El juez tampoco tuvo en cuenta un cierre de la cuenta o la posibilidad de retuiteo de la sentencia por otros usuarios. Este último aspecto implicaría que la condenada perdiese la capacidad de eliminar el texto de la red social tras los dos meses. “Si el fallo apareciera en otra cuenta de Twitter, la acusada se podría convertir en afectada y acudir a los tribunales para hacer valer su derecho al olvido. Así podría eliminar una condena que si no le perseguirá siempre en Internet”, concluye el vicepresidente de Enatic.

Facebook pide perdón por los errores cometidos

Los usuarios de redes sociales pueden utilizarlas para llevar a cabo actos ilegales. Sin embargo, muchas veces son las plataformas las que cometen errores y tienen que rectificar. En los últimos meses Facebook, por ejemplo, ha tenido que lidiar con dos asuntos polémicos. La solución en ambas ocasiones fue pedir perdón a los usuarios y rectificar rápidamente.

El primer suceso implicó el cambio automático del correo electrónico original de los usuarios a un novedoso @facebook.com. El objetivo era que los clientes de la plataforma pudieran comunicarse entre ellos de una forma más fácil. Sin embargo, la compañía estadounidense no consultó ni informó a nadie y por eso tuvo que dar marcha atrás.

El otro caso tuvo lugar hace apenas dos meses, cuando Facebook dejó al descubierto mensajes privados de sus usuarios. La empresa achacó el error a un cambio de norma en una herramienta de la red social. Además, solicitó a sus ingenieros que examinaran lo ocurrido y éstos confirmaron que los mensajes en cuestión eran antiguas publicaciones, que habían sido anteriormente visibles en los perfiles de los usuarios.

Fuente: www.abc.es

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ultima la propuesta que discutirá el próximo lunes con el PSOE para poner freno a los desahucios y que contará con la fijación de periodos de carencia -plazos exentos de pago de hipoteca que permiten seguir viviendo en el hogar- como uno de los ejes. No obstante, esta protección solo se aplicará a los colectivos más vulnerables y en los casos más dramáticos como los núcleos familiares con menores o mayores a su cargo, en los que uno o los dos miembros se encuentren en situación de desempleo y no puedan hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias.

Esta decisión ha sido tomada esta misma mañana durante un contacto urgente que han mantenido el Ministerio de Presidencia y el de Economía tras conocer el nuevo suicidio que ha tenido lugar mientras a una persones se le desahuciaba de su casa. El suceso ha tenido lugar, esta vez, en Baracaldo.

La propuesta será estudiada por el grupo de seis expertos constituido esta semana por el Gobierno y el PSOE para que analice todas las propuestas y decida cuáles son las más apropiadas. La intención del Ejecutivo es que la batería de medidas esté en marcha cuanto antes y su aplicación sea inmediata.

Si tiene una consulta  jurídica  no dude en ponerse sin ningún compromiso, en contacto con nuestro despacho de abogados. Le atenderemos y resolveremos las dudas planteadas. Puede ponerse en contacto mediante el email:  info@abogados-hg.com o bien a través del 912791980.

Fuente: www.elpais.com

El Tribunal Constitucional se reúne mañana a las cinco de la tarde en pleno en el que está previsto votar la sentencia del matrimonio homosexual, que será favorable a la denominación de “matrimonio” para las bodas entre personas del mismo sexo.

El presidente, Pascual Sala ha conseguido reunir la mayoría de seis votos necesaria para sacar adelantela ponencia del magistrado Pablo Pérez Tremps favorable al matrimonio homosexual, dado que el pleno para esta sentencia lo integran 11 magistrados, al haberse abstenido Francisco Hernando Santiago.

En principio, y a reserva de lo que ocurra mañana en el pleno, hay seis votos favorables, que se corresponde a los del bloque progresista: el presidente, Pascual Sala, el ponente, Pablo Pérez Tremps, y los magistrados Luis Ortega, Adela Asúa, Encarnación Roca y Fernando Valdés del Ré. En contra votarán el vicepresidente, Ramón Rodríguez Arribas, Andrés Ollero Tassara y Juan José González Rivas. En el alero están los votos de los magistrados Manuel Aragón y Francisco Pérez de los Cobos.

El texto del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio homosexual pondrá fin a la incertidumbre sobre una normativa que ha permitido celebrar 20.000 bodas gays en toda España desde que en julio de 2005 se reformase el artículo 44 del Código Civil, al que se añadió un segundo párrafo que estableció que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

El PP recurrió de inconstitucionalidad la ley que reformó el Código Civil alegando que vulneraba hasta siete artículos de la Constitución, aunque el recurso se centra principalmente en la vulneración del artículo 32 de la Constitución por “no respetar la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer”.

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Fuente: www.abc.es

¿Qué es la Justicia Gratuita? ¿A quién va dirigida? ¿Quién presta este servicio? ¿Cómo se financia? Esta y otras preguntas las responde a continuación la abogada penalista Helena Echeverri, quien además pone de manifiesto las dificultades que en los últimos años están teniendo los abogados del turno de oficio de la Comunidad de Madrid para cobrar de la Administración la asistencia prestada a losusuarios de la Justicia Gratuita. Según explica esta abogada, del despacho Maral Abogados, ya son 1.056 letrados madrileños los que han presentado “excusas” para realizar un total de 1.276 guardias del total de 6.095 turnadas para el periodo que va desde octubre hasta diciembre de este año. Es decir, esos profesionales no entrarán en el turno de oficio y no asistirán a los más necesitados.

¿Que es la Justicia Gratuita?

La Justicia Gratuita es el derecho que la Constitución Españolaotorga en su artículo 119 a las personas sin recursos para que puedan litigar; y comprende el pago por parte de la Administración Pública de los honorarios de abogado y procurador que defienda sus intereses, la exención de las tasas judiciales para recurrir así como gastos de peritaciones y otros.

¿A quién va dirigida la Justicia Gratuita?

En general, va dirigida a españoles y extranjeros, con o sin permiso de residencia, que se encuentren en territorio español y que carezcan de recursos económicos suficientes para litigar. También pueden solicitar este servicio las asociaciones de utilidad pública, las fundaciones inscritas en el registro administrativo correspondiente y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

¿Qué requisitos se exigen?

Varían según la comunidad autónoma tenga o no transferidas las competencias en materia de Justicia. Las que no las tienen transferidas, se rigen por las normas fijadas por el Ministerio de Justicia. Según estas últimas, los recursos de las personas que quieran utilizar este servicio, computados anualmente, no podrán superar el doble del salario mínimo.

¿Quién sufraga la Justicia Gratuita?

Una parte la financia el Ministerio de Justicia. A partir del 1 de enero próximo, destinará a la Justicia Gratuita el importe recaudado mediante las tasas, aunque con ese dinero (el Gobierno prevé embolsar en torno a 306 millones de euros anuales) sólo se cubre una parte del coste total. En 2012, la Comunidad de Madrid ha destinado una partida de sus presupuestos de 34 millones de euros para Justicia Gratuita, aunque la mayor parte de esa dotación se ha utilizado para hacer frente a impagos del ejercicio anterior. Los colegios de abogados también colaboran. Desde el año 2001 hasta 2011, el Colegio de Abogados de Madrid, por ejemplo, ha aportado de sus propios recursos 2,5 millones de euros para completar la dotación, siempre insuficiente, que recibe de las instituciones públicas, que son las obligadas por ley a sufragar el coste de la Justicia Gratuita.

¿Todos los ciudadanos a los que se designa abogado de oficio son beneficiarios de la Justicia Gratuita?

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid, a los abogados del turno de oficio les designan justiciables sin recursos que no han presentado en plazo (10 días) la documentación requerida para la concesión del beneficio de Justicia Gratuita. La consecuencia es que a los abogados no se les paga nada por el trabajo ya realizado ni por el que queda por realizar durante los meses siguientes hasta que concluya el procedimiento puesto en marcha. Se trata de detenidos de todas las nacionalidades que “desaparecen” tras su puesta en libertad o de españoles que no cumplen con dicho trámite porque residen en la calle o en albergues o son toxicómanos y no disponen de la documentación que se les exige.

¿Es verdad, como asegura el Ministerio de Justicia, que hay muchos casos de fraude y que por eso es necesario establecer mecanismos de control? Si es así, ¿en qué consiste ese fraude?

El fraude que realmente se comete es no pagar por parte de la Comunidad de Madrid a los abogados del turno de oficio por el trabajo ya desarrollado y por el trabajo pendiente, obligando así a los profesionales a trabajar sin cobrar nada durante años en defensa de los derechos de los más desfavorecidos.

El control del fraude del que habla Justicia es sencillo, pues la documentación que tiene que aportar el justiciable está en poder de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. Con el expediente electrónico la Administración dispone al minuto de esa información; sin embargo, al no comprobar directamente la Administración con sus propios ordenadores si el justiciable tiene o no derecho a la Justicia Gratuita está cometiendo un fraude a los abogados y a la propia sociedad.

¿Cuáles son las principales quejas respecto de la Justicia gratuita?

La sociedad está encantada de tener un servicio de Justicia Gratuita, de la misma manera que quiere una educación pública de calidad o una Seguridad Social que era también un orgullo para España.

¿A qué problemas se enfrentan hoy los abogados de oficio?

Los principales problemas a los que se enfrentan en la Comunidad de Madrid son: el impago de los honorarios desde hace un año; la no actualización de la cuantía desde 2003; y el recorte del 20 por ciento efectuado por la expresidenta Esperanza Aguirre en 2012, lo que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de más del 50 por ciento.

Cuando los abogados del turno de oficio se hacen cargo de la defensa de un justiciable sin recursosm cargan con todos los gastos (teléfono, fax, uso del despacho, desplazamientos a cientos de kilómetros para hacer guardias de detenidos, visitas a los que están en prisión, etcétera) y sólo se les pagan 100 euros por un día de guardia (que al final suelen ser tres días) y 250 euros por un asunto cuya tramitación se puede alargar durante años. Por poner un ejemplo, explica Helena Echeverri, “este mes de noviembre intentaré que se celebre un juicio por el que ya he tenido que comparecer ocho veces en los Juzgados. Ocho días perdidos sin haber podido celebrar la vista, con los gastos que ello me supone”.

Es como si al médico de la Seguridad Social no se le pagaran las operaciones que efectúa a personas que no tienen derecho a la sanidad pública. Con la ventaja de que, en ese caso, es el hospital el que carga con los gastos de anestesia, medicamento, material quirúrjico… sin que el médico tenga que adelantar el dinero de su propio bolsillo.

Fuente: www.elmundo.es

Mañana miércoles entre en vigor la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal que reduce a 2.500 euros el límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios y obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera, la norma entrará en vigor mañana miércoles.

El texto no ha incorporado ninguna enmienda a su paso por el Congreso y por el Senado, y se ha aprobado solo con el apoyo del Partido Popular en las dos Cámaras, así que entra en vigor tal y como la anunció y presentó el Ejecutivo.

La limitación de los pagos en efectivo no afectará a las operaciones entre particulares o entre particulares y entidades financieras, y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes para favorecer la llegada de turistas.

Aquellos que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos.

Se fija, además, el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.

Por otro lado, la nueva norma obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero y fija una multa mínima de 10.000 euros para los que no declaren sus cuentas fuera, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que haya sido comunicado por el contribuyente.

Este tipo de delito fiscal no prescribirá y las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán en el último periodo impositivo no prescrito. No solo afectará a la titularidad, sino también a la tenencia y adquisición de bienes y derechos no incluidos en la declaración informativa.

Medidas cautelares

Para garantizar el pago de las deudas con Hacienda, la nueva ley permite a la Agencia Tributaria tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar.

En concreto, se elimina la posibilidad de aplazamientos de créditos en situaciones de concurso, se facilitan los embargos preventivos, se amplía la responsabilidad de los sucesores de empresas liquidadas para evitar vacíos patrimoniales y se crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio pero con actividad regular.

Además, se limita la actividad de sociedades con inmuebles participadas por deudores que se declaran sin bienes. Hasta ahora, cuando una deudor se declaraba sin bienes pero con acciones en una sociedad con inmuebles se le embargaban dichas acciones. A partir de ahora, se limitará la actividad de la propia sociedad. SE

Endurecen las sanciones

Por otro lado, se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección con multas entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes que no desarrollen actividades económicas y con multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los que sí las desarrollan. Si estos deudores rectifican, pueden beneficiarse de reducciones de hasta el 50% en las sanciones.

También se introducen algunos cambios en el uso del IVA en operaciones inmobiliarias, ya que no se permitirá que el adquiriente se deduzca el impuesto si el vendedor no lo ha ingresado previamente. En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas antes del concurso no podrá realizarse en liquidaciones posteriores.

Cambios en el sistema de módulos

La nueva norma también incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. En concreto, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión sólo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.

Las actividades susceptibles de exclusión son las afectadas por la retención del 1%. Entre ellas se encuentran la albañilería, la fontanería, la pintura, la carpintería y el transporte de mercancías por carreteras, entre otras.

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Fuente: www.elpais.com

Quedarse en rojo en la cuenta puede salir muy caro. Hay bancos que cobran hasta un 10% de interés anual a los particulares y casi un 30% a los empresarios, y esto sin contar la comisión.

Con los tiempos que corren, cada vez más familias tienen dificultades para llegar a final de mes. Pero hay que tener mucho cuidado con los descubiertos en la cuenta, ya que pueden resultar muy caros, tanto por intereses como en comisiones.

A raíz de la Orden Ministerial 2899/2011 y de la relativa Circular del Banco de España de mayo de 2012, las entidades están obligadas a comunicar al supervisor los tipos y las comisiones aplicadas a los llamados descubiertos tácitos, es decir, los que no se pactan expresamente a la hora de formular el contrato. A fecha de hoy, entre las principales entidades, tan sólo CaixaBank, Ibercaja Banco y BMN aún no han comunicado sus tarifas al regulador.

De la información colgada en la página web del Banco de España, se desprende que el interés cobrado anualmente sobre los números rojos de una cuenta de un particular varía desde el 0% que aplican Banco Cooperativo; Banco de Valencia; CitiBank y Caixa Pollença, hasta el 10% que cobran Banco Grupo Caja 3; Kutxabank; Liberbank y Uno E, filial on line de BBVA.

Además de este interés, la mayoría de las entidades cobre una “comisión por concesión del descubierto”, que es un porcentaje que se aplica, habitualmente, sobre el importe máximo alcanzado por los números rojos del cliente. Aquí también hay mucha diferencia entre un banco u otro. Banco Gallego, ING, OpenBank o Uno E, entre otros, no cobran por este concepto, mientras que Barclays llega a aplicar un 4,75%.

Tanto los tipos como las comisiones se encarecen ulteriormente si, en vez de una cuenta de un particular, se trata de una cuenta de una persona que actúa en el ámbito de su actividad profesional o empresarial. A parte Citibank, que es la única entidad que no cobra interés sobre el descubierto de estos clientes, la tarifa más baja es la de Triodos Bank, con un 8% anual, seguido por Open Bank y Banesto (ambas filiales de Santander) que se mantienen por debajo del 10%.

Sin embargo, las principales entidades cobran un tipo mucho más elevado, que llega hasta el 29%. Igualmente, la comisión por concesión de descubierto, varía desde el 0% hasta rozar el 5%.

Subidas generalizadas
El aumento de las comisiones está siendo una de las formas con las que las entidades buscan paliar la merma de la actividad que se ha producido en España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Los bancos suelen repercutir estas comisiones sobre todo a los clientes menos “vinculados”, es decir, que no proporcionan al banco un gran negocio al tener contratados pocos productos. Siguiendo el camino que empezó Santander hace ya más de seis años, varios bancos han eliminado las comisiones más básicas (como el mantenimiento de cuenta) a los clientes que domicilien la nómina o la pensión. Además, varios bancos ofrecen tarifas planas, es decir, el cobro de una cantidad fija al mes que permite realizar un número prefijado de operaciones de forma gratuita.

Con todo, los ingresos por comisiones de muchos bancos siguen aumentando, pese a que la actividad disminuye, lo que prueba que el coste unitario por transacción para los clientes no para de subir.

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