Fuente: www.elmundo.es

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, ha alertado de que «si la justicia es más cara», las víctimas de violencia de género renunciarán «aún más» a seguir adelante con el proceso judicial contra su agresor.

Montalbán señaló que en el segundo trimestre de 2012 estas renuncias aumentaron un 13,4% respecto al trimestre anterior, y achacó este mal dato «a la crisis y a la incertidumbre económica».

Por eso, si el anteproyecto de ley que prevé encarecer las tasas judiciales en segunda instancia entre 50 y 750 euros sale adelante, producirá un mayor retraimiento por parte de las mujeres, vaticinó. Cuando hay inseguridad respecto al empleo propio o por la situación económica general, «habrá mujeres que teman por la posibilidad de mantenerse a ellas y a sus hijos y no se atrevan a continuar con la denuncia contra su agresor, del que pueden depender económicamente», subrayó Montalbán.

De ahí que aunque «posiblemente» la nueva ley incluya a estas mujeres entre los colectivos exentos y con derecho a la asistencia gratuita, puede cundir el miedo.

«Trabajaremos para que así sea», señaló Montalbán, aunque advirtió de que «el número de papeles y trámites» que se deben recoger para que se reconozca este derecho «es tan largo», que muchas mujeres necesitarán ayuda «solo para conseguirlo».

A su juicio, son muchas las causas por las que una mujer decide no seguir adelante (miedo, chantaje, presión familiar…) y si además existe la incertidumbre sobre la gratuidad de la justicia, «será todavía peor».

«Estoy en contra de cobrar tasas por el acceso a la justicia», apuntó Montalbán, para quien este tipo de medidas «aumentará la brecha entre justiciables y la Administración». En su opinión, «solo se debería cobrar a las grandes compañías, que pleitean cotidianamente, pero nunca a los particulares, para los que la justicia es siempre el último recurso».

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