Fuente: www.elpais.com

Critican que los inmigrantes de la Isla de Tierra no tuvieran la posibilidad de pedir asilo político.

Las palabras del delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, calificando de “éxito” el desalojo de 71 inmigrantes subsaharianos de Isla de Tierra, nada tienen que ver con la visión que sobre el asunto tienen varias ONG. En un comunicado conjunto, Andalucía Acoge, la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la asociación Elin y la Federación SOS Racismo aseguran que el Ejecutivo “ha violado la legislación”. “No ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, que obliga a estudiar individualmente si cada inmigrante reúne los requisitos para acceder a nuestro territorio”, argumenta Estrella Galán, secretaria general de la CEAR.

Galán es muy crítica con la forma en la que se ha llevado a cabo esta actuación: “No se les ha permitido hacer la solicitud de asilo político y muchos de ellos son de países susceptibles de recibir ese asilo, como Mali. Directamente se les ha aplicado la devolución vía Marruecos, que no garantiza los derechos humanos. No han entrado en contacto con ninguna autoridad española”. Considera que las políticas de control de los flujos migratorios y la lucha contra las mafias, “argumentos que se han dado para justificar esta actuación”, no pueden imponerse sobre los derechos humanos de las personas.

Durante el tiempo que los inmigrantes han estado en la isla, la CEAR ha mantenido contacto con algunos pero Galán afirma que hoy está siendo imposible hablar con ellos. Saben que ocho menores y dos mujeres han sido trasladados a Melilla. “El resto fueron introducidos en los autobuses que normalmente las autoridades marroquíes utilizan para mandar a los inmigrantes a la frontera con Argelia”, añade. De momento, no tienen más información.

A los que fueron llevados a Melilla se les practicó un reconocimiento médico en el Hospital Comarcal de la ciudad autónoma y, según ha confirmado el delegado del Gobierno, solo uno de los menores, de 15 años y diabético, permanece ingresado, tratado «exclusivamente» de un reajuste de su tratamiento con insulina.

Las dos mujeres han sido enviadas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) melillense junto a sus dos hijos, uno de ellos un bebé de unos ocho meses. Han llegado sobre la una, vestidos con ropa del Hospital Comarcal de Melilla, según han informado a Efe fuentes del CETI. Galán explica que si estas mujeres piden asilo político, en “un proceso rápido”, se decidirá si se admite o no la petición, si cumplen las condiciones para ser posibles refugiadas. “Si se acepta, se entra en el proceso de estudio de su solicitud, proceso que dura una media de dos años. Durante ese tiempo, el Gobierno tiene centros de acogida específicos para refugiados que pone su disposición, unos gestionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y otros por ONG como nosotros”, explica la secretaria general de la CEAR. La estancia media en esas instalaciones es de seis meses, “durante los que se les prepara para que puedan salir del centro y vivir en el país de forma autónoma”. “A partir de los seis meses, su tarjeta les permite trabajar”, continúa Galán.

En cuanto a los menores dados de alta que viajaban solos, de entre siete y catorce años, han sido trasladados a dos centros de acogida de menores, según han informado a Efe fuentes de la Consejería de Bienestar Social. Cuatro, tres niñas y un niño, se encuentran en el Centro Asistencial Gota de Leche, y otro, de unos 14 años, en La Purísima.

Ante lo ocurrido, las organizaciones firmantes del comunicado están valorando la posibilidad de poner el asunto en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.