Fuente: www.diarioelaguijon.com

El proyecto de rehabilitación del casco histórico de San Fernando de Henares ha supuesto una deuda total de 78 millones de euros que ha resultado en su embargo, un hecho sin precedentes ha puesto patrimonio público en manos privadas.

Todo comenzó hace tres años, cuando el ayuntamiento de San Fernando de Henares decidió remodelar el casco histórico -la plaza del Ayuntamiento y sus aledaños- un proyecto inocente que por la gestión de Izquierda Unida ha terminado con el embargo de la misma, por primera vez en la historia española. Los afectados, para variar, son los vecinos.

Que los ayuntamientos de España estén endeudados no es ninguna novedad. Que el patrimonio público esté embargado por falta de pago, en cambio, sí. En 2009, se aprobó en el la sesión plenaria la fundación de la empresa Plaza de España San Fernando S.L. (PESF), una entidad mixta en la que el 51% del patrimonio era privado, las casas y locales empresariales de los vecinos, mientras que el 49% restante provenía del ayuntamiento, donde gobernaban en coalición IU y PSOE, aunque el PP también votó a favor.

Los vecinos lógicamente abandonaron sus viviendas para permitir el proceso de rehabilitación y, una vez fuera, se pidieron los préstamos necesarios para tamaño proyecto: 54 millones de euros a Bankia. Las empresas que se iban a hacer cargo de las obras eran la constructora Ortiz y la proveedora Isolux. Nuestras fuentes en la oposición desvelaron que solo el alcalde y personas en su inmediatez tuvieron acceso al préstamo de Bankia y que desconocen a donde fue a parar el capital.

Eusebio González, portavoz del PP, estuvo de consejero de PESF desde su fundación, para asegurar una correcta gestión de los fondos. Cuando pidió en un pleno extraordinario las cuentas al alcalde, éste repuso que era la empresa, al ser privada, quien tenía que revelárselo. Ésta se negó a mostrarle ningún documento. Y González, derrotado, se dio por vencido y abandonó la empresa. Es cierto que la gestión corrió a cargo de IU, y que éstos la llevaron a cabo bajo el mayor secretismo y sin el control del resto de políticos.

Dónde desembocó el dinero no se sabe, pero es evidente que en Ortiz e Isolux no. Por lo pronto, la primera reclama 9,9 millones de euros que se le deben. Y la segunda, más pragmática, ha decidido prevenir cualquier ocupación de las propiedades hasta que reciban lo que les corresponde. Por lo pronto, Isolux ha tapiado las entradas a los pisos, soldado los cierres de los locales comerciales y aposentado a dos guardias que vigilan constantemente el perímetro.

PESF en un comunicado el martes declaró que se han emitido pagarés y que están en período de negociaciones, pero González no se muestra optimista: sabe que la empresa no dispone del capital necesario. Lo que teme la oposición es que al Ayuntamiento en su totalidad se le haga responsable, acusando que los únicos responsables de los problemas actuales son IU y su gestión. Su única esperanza es que se publique el gasto de los 54 millones y que en el, se descubra algo irregular que permita la devolución de parte del préstamo.

Sin embargo, las verdaderas víctimas del embrollo no son la oposición, ni las empresas, ni siquiera el Ayuntamiento en sí. Piensen en los vecinos que cedieron de buena fe sus casas hace tres años con la esperanza de vivir en un casco histórico rehabilitado. Ellos no han podido regresar a sus viviendas, que ahora están embargadas. Y no se engañen, seguramente no puedan.