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Prensa C. G. P. J. – El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha firmado hoy con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, un convenio de colaboración cuya finalidad es promover en toda España el desarrollo de la mediación intrajudicial como medio complementario para la solución de conflictos.

Con la rúbrica de este acuerdo, el órgano de gobierno de los jueces y la Abogacía cumplen las normas europeas sobre mediación y la recomendación dirigida por el Parlamento Europeo a los Estados miembros para que intensifiquen sus esfuerzos en el impulso del uso de la mediación en litigios civiles y mercantiles y en la mejora de la colaboración entre los profesionales de la justicia con este mismo fin.

Estrecha colaboración

La colaboración entre el CGPJ y el CGAE en materia de mediación se remonta a 2016, fecha en la que suscribieron un primer convenio que ha ido renovándose. El acuerdo firmado hoy en la sede del Consejo General del Poder Judicial deroga los anteriores y responde a la necesidad de adaptar el texto a la legislación vigente.

El objetivo común de ambas partes es contribuir a la implantación de la mediación. Para ello, el CGPJ se compromete a promover e impulsar la mediación entre los jueces y magistrados y a favorecer la adecuada coordinación entre los diferentes proyectos que se pongan en marcha a partir de la firma del convenio y los órganos jurisdiccionales. También se compromete a superar los obstáculos que dificulten la colaboración institucional en la puesta en marcha de las iniciativas de mediación y a velar por que la mediación que se desarrolle en los juzgados sea de calidad. Finalmente, a promover la suscripción de códigos de conducta de los mediadores.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española se compromete a fomentar e impulsar la mediación promoviendo el uso de esta herramienta entre los abogados para que puedan informar y asesorar a las partes en litigio. También, a dar a conocer y difundir el convenio entre los 83 Colegios de Abogados, que podrán adherirse al mismo; a velar por que se garantice que la mediación desarrollada en los distintos colegios sea conforme con los protocolos que se diseñen a tal efecto en los partidos judiciales, teniendo como base la Guía Práctica para la mediación elaborada por el CGPJ; y a colaborar en la difusión de material divulgativo dirigido a los usuarios de la Administración de Justicia.

Una comisión de seguimiento, que deberá reunirse al menos una vez al año, velará por el cumplimiento del convenio, cuya vigencia es de cuatro años.

Etiquetas: abogacía, mediación, cgpj

Fuente: noticias.juridicas

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Fuente: www.elpais.es

Pedro Luis Viguer es un hombre que tiene 107 juzgados a su cargo. El drama social del desahucio le resulta muy cercano. Día tras día, observa casos como el de esa pareja de abuelos que son desahuciados y se quedan en la calle por haber avalado el préstamo hipotecario de sus hijos con su vivienda. Dos personas más a la calle.

Hace ocho meses el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constituyó un grupo de trabajo para agilizar la Justicia. Durante ocho meses, seis magistrados de distintos puntos de la península, coordinados por el vocal del CGPJ Manuel Almenar, produjeron un documento de 85 folios con 40 propuestas (Propuestas para la reforma y agilización de los procesos civiles) y un anexo dedicado en exclusiva a la cuestión de los desahucios.

Viguer (Valencia, 1965) redactó el anexo Propuestas en materia de endeudamiento familiar y consecuencias de la ejecución hipotecaria; un documento, refrendado por sus colegas, según explica, en el que se denuncian los abusos del sistema de desahucios español y se proponen reformas. Se habla de mala praxis de los bancos, de “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos”, de la necesidad de flexibilizar una legislación de 1909 que deja en situación de indefensión a los deudores frente a los bancos.

El miércoles EL PAÍS avanzaba el contenido del anexo y horas después el CGPJ tumbaba ese trabajo elaborado a lo largo de ocho meses. Desde el órgano rector de los jueces se aducía que el anexo no había sido formalmente aprobado y que el Consejo del Poder Judicial no había sido informado de la existencia de este trabajo; por tanto, no lo asumía como propio.

Pregunta. Los presidentes de las Audiencias Provinciales pedían el jueves el desarrollo de la dación en pago, lo cual supone un espaldarazo al informe que ustedes redactaron. ¿Qué pensó al escuchar la noticia?

Respuesta. Para nosotros es un respaldo importante y la verdad es que me alegro de que un foro tan importante haya llegado a una conclusión en la línea que nosotros propugnábamos en el informe. Nosotros somos jueces, y no somos legisladores, pero estamos en los juzgados y somos unos espectadores privilegiados de lo que sucede. Creo que nosotros podemos, y debemos, contar aquello que vemos y señalar en qué podríamos mejorar la regulación de procedimientos hipotecarios.

Ese mismo día, el jueves, el drama diario del desahucio ofrecía su peor cara. En Granada, José Miguel Domingo, de 53 años, se ahorcaba en su domicilio cuando estaba a punto de ser desahuciado. Y en Burjassot, Valencia, Manuel G. se lanzaba al vacío —está fuera de peligro— momentos antes de que la procuradora llegara a su vivienda con la orden de desahucio.

P. ¿Usted ha tenido un contacto directo con el drama social del que habla el informe?

R. Yo soy juez y soy un ciudadano. Estoy en el mundo, los jueces me transmiten cosas, veo otras como ciudadano, en la calle, en los medios de comunicación… Nuestro margen de actuación es mínimo, es nulo, no podemos hacer nada con la actual legislación. Solo podemos hacer sugerencias para que se modifique: consideramos que es un procedimiento muy contundente, muy agresivo, en el que el deudor no tiene ninguna posibilidad de defensa y que está causando una auténtica sangría social de quienes en definitiva constituyen el último eslabón de la cadena.

Viguer explica cómo se desarrolló el trabajo. Los jueces se repartieron las materias, intercambiaron documentos por correo electrónico, aportaron ideas, debatieron, corrigieron. Se celebraron cinco reuniones en Madrid. En la última, en septiembre, se debatió “durante unos 30 o 45 minutos”, el documento sobre el desahucio. “Todos lo asumimos en el Consejo del grupo de trabajo”. El CGPJ adujo el miércoles que el anexo no había sido formalmente aprobado. “Un grupo de trabajo no funciona votando las propuestas”, aduce el Juez Decano de los Juzgados de Valencia.

P. En el informe hablan ustedes de “mala praxis” de bancos, y de la “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos”.

R. Hay que buscar un punto de equilibrio que permita distribuir las cargas sociales de las consecuencias de la crisis económica. Y no hay que olvidar que las entidades bancarias disponen de este procedimiento absolutamente privilegiado y contundente frente al deudor, que nada puede alegar. Además, determinadas entidades bancarias están recibiendo ayudas económicas. Pero bueno, este es un tema de política económica en el que no debemos entrar.

Pedro Luis Viguer señala que si uno se endeuda para comprar un electrodoméstico, no paga y la Justicia le reclama, el juez tiene margen para valorar las circunstancias del deudor. En el caso de una vivienda, no. Los bancos gozan de un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios que data de 1909. “El régimen es durísimo. Prácticamente no se pueden realizar alegaciones salvo dos o tres causas tasadas que están en la ley, pero que no se dan en la práctica. Lo que no tiene sentido es que sean más amplias las posibilidades que uno tiene de formular alegaciones y de oponerse a una sentencia que las que tiene frente a la ejecución de una escritura de préstamo hipotecario”.

El informe denuncia que las entidades bancarias hoy en día se adjudican las viviendas de los desahuciados por un 60% de su valor. Propone que se otorgue al juez la posibilidad de conceder moratorias en el pago de cuotas en el caso de desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o larga enfermedad del deudor. Pretende proteger a los más indefensos. “Aquí no pretendemos hacer una revolución, no es lo mismo que uno vaya a quedarse sin su vivienda habitual a que se vaya a quedar sin su segunda vivienda. No es lo mismo una vivienda que se adquiere para especular que un hogar”. También propone que la dación en pago, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito, se convierta en una regulación imperativa en determinadas circunstancias. “Hay algunos juzgados vanguardistas que han aplicado la dación en pago, pero luego estas resoluciones normalmente han sido revocadas por las Audiencias”, explica Viguer.

El estudio critica algunas de las medidas del Código de Buenas Prácticas instaurado por el Partido Popular y profundiza en ellas. “Ha fracasado, ha sido escasamente útil”, dice Viguer. En la práctica, manifiesta, solo se aplica en situaciones cercanas a la indigencia. Y, además, es voluntario para los bancos, por lo que no ha tenido mucho recorrido. La propia vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba el viernes tras el Consejo de Ministros que el Gobierno va a estudiar la reforma de este código. Y el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, declaraba que la cuestión de los desahucios “merece una reflexión”.

P. ¿Con qué cuerpo se queda uno cuando el CGPJ tumba un informe que ha llevado ocho meses de trabajo?

R. Desanimado. Vivimos en un mundo muy estático y con la limitación de recursos económicos que hay ahora, uno de los pocos ámbitos en los que se puede incidir es en el ámbito legal y procesal, cambiar las leyes, que no cuesta dinero. Que esto no haya sido avalado por el Consejo produce cierta de desazón, pero lo asumo, como no podía ser de otro modo. En cualquier caso, nuestro trabajo está ahí.

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Fuente: www.elpais.es

GONZALO MOLINER | PRESIDENTE DEL SUPREMO Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Tras 43 años de ajetreada vida laboral (juez en Mataró, Alcira y Valencia, magistrado en el Tribunal Superior valenciano, presidente de la Sala Social del Supremo, profesor y cofundador de la progresista asociación Jueces para la Democracia), Gonzalo Moliner Tamborero, nacido hace 68 años en Fuente la Reina (Castellón), llegó hace mes y medio a lo más alto de la carrera judicial por accidente. Su antecesor en el cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, dimitió debido al mal uso que hizo del dinero público durante varios años, en los que cargó al presupuesto del organismo sus gastos privados de los fines de semana que pasaba en Marbella.

Con los rescoldos del grave incidente todavía visibles, EL PAÍS entrevistó el pasado miércoles a Gonzalo Moliner en la sede del Consejo General del Poder Judicial, envuelta en un trajín de obreros, mármoles y cementos. Patrimonio Nacional, dueño del edificio, descubrió en verano que el inmueble incumplía la normativa antiincendios y se puso manos a la obra, toda una metáfora de la historia política reciente del organismo. “Yo vivía en el Supremo muy de cerca la situación del Consejo del Poder Judicial. Me parecía que esto estaba cayéndose. Y cuando me ofrecieron venir a levantarlo, acepté por responsabilidad, porque creo que puedo ayudar a que recupere su credibilidad. Es el reto profesional más importante que he asumido, téngalo por seguro”, sostiene Moliner.

Pregunta. El Consejo va a reducir un 13% su presupuesto en 2013. ¿Es un sacrificio o es que no hacía falta ese dinero?

Respuesta. Hay una situación de grave crisis en España y el Consejo va a hacer un esfuerzo de reducir sus gastos el año que viene acomodándolo a las necesidades que tiene.

P. ¿Cuánto van a recortar en viajes? [El Consejo gastó el año pasado 830.733 euros en desplazamientos de sus vocales y de su presidente].

R. En el pleno celebrado a finales de julio se acordó una reducción del 20% aproximadamente. Los viajes son necesarios para el cumplimiento de las funciones del Consejo, no se pueden suprimir todos.

P. ¿Son necesarios?

R. Si. Yo me voy a París a una reunión de presidentes de tribunales supremos. Imagino que quieren que vaya porque, si no voy, España queda mal, ¿no? Y hay otros viajes que también tengo y tienen los vocales que hacer para cumplir con sus obligaciones. La justicia española es un referente en el ámbito internacional, sobre todo en Iberoamérica, y por tanto fundamentales las relaciones con otros países.

P. Cuando conoció el destino de los viajes que hacían los vocales y el anterior presidente a lugares exóticos, ¿también creía que eran necesarios para España?

R. Quiero pensar que, cuando iban, era porque creían que era necesario ir. Quiero pensar eso. No se me ocurre que montaran un viaje para gastar dinero, pienso que no. A partir de ahora se mirará con más cuidado. Se ha aprobado un plan de austeridad y se han modificado las normas para que la actividad que justifique el viaje quede debidamente acreditada.

P. ¿Cree usted que su antecesor malversó caudales públicos?

R. Ya me guardaré yo de juzgar la conducta de mi antecesor ni la de nadie, sobre todo cuando el Tribunal Supremo archivó la denuncia presentada.

P. ¿Era usted partidario de que Dívar cobrase la indemnización, a la que al final renunció?

Reduciremos un 20% los viajes, pero no podemos suprimirlos todos. Son necesarios”

R. Sí. Yo estaba convencido de que tenía derecho a cobrarla. Con lo que no estoy tan de acuerdo es con que exista en este momento una ley que permita cobrar esa indemnización, pero hasta que no deroguen esa ley pienso que el que esté afectado por ella tiene derecho a cobrar la indemnización.

P. Haya hecho lo que haya hecho…

R. Es que lo que ha hecho el señor Dívar es dimitir, renunciar…

P. Por hacer mal uso del dinero público.

R. Eso está en los antecedentes, pero en la realidad formal hay una resolución del Supremo y su posterior renuncia, que es una posibilidad que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial y que le da derecho a indemnización, aunque entiendo que es un tema opinable y muy complejo.

P. Le tranquilizó saber que Dívar renunciaba a la indemnización.

R. En cierto modo nos tranquilizó, efectivamente. Es una decisión que le honra.

P. Hay una sensación extendida de que el poder político influye en exceso en el Poder Judicial y esa parece ser la razón de que el Gobierno del PP ahora esté impulsando una reforma de la Ley. ¿Era necesaria?

R. Está dentro de los ámbitos del poder legislativo aunque pienso que no harían falta grandes reformas. Creo que este Consejo ha funcionado mejor de lo que ha trascendido a la opinión pública. Es un órgano que funciona en interés del ciudadano, para asegurar el buen funcionamiento de la justicia y velar por la independencia del Poder Judicial, no para colocar gente. Aunque ha habido algo raro en este asunto.

P. ¿Cuando dice que el Consejo del Poder Judicial funciona bien se refiere al hecho de que hayan nombrado a decenas de cargos judiciales entre, mayoritariamente, personas de dos asociaciones judiciales que no representan ni a la mitad de los jueces? ¿O a que algún vocal haya llegado a presumir de colocar a muchos magistrados de su asociación en puestos clave? Usted decía el otro día que las asociaciones de jueces han intentado gobernar el Poder Judicial sin conseguirlo. ¿Está seguro de que no lo han conseguido?

R. Puede que en ocasiones hayan conseguido gobernar bastante más de lo que deberían, esa es mi tesis. A partir de ahora vamos a tratar por todos los medios que eso no sea así.

P. ¿Y cómo se hace?

R. Los vocales de este consejo se han concienciado de la necesidad de que los nombramientos hay que hacerlos en función del mérito y la capacidad de cada juez con independencia de que pertenezcan a una asociación y creo que en la mayoría de los casos así ha sido.

P. ¿Cuál sería el mecanismo ideal para elegir a los vocales? ¿Cree que el que hay ahora es adecuado?

R. El sistema actual es manifiestamente mejorable. Mi criterio es que las asociaciones tengan menos protagonismo y más protagonismo el Parlamento. Las asociaciones deberían estar en la preselección de candidatos, pero abriendo más la mano a los no asociados y también permitir que el Parlamento pueda tener más margen de decisión.

P. Con la creciente tendencia, causada por la crisis económica, de eliminar cargos públicos y recortar salarios, ¿cree necesario que se elimine la dedicación exclusiva de los 20 vocales del Poder Judicial y que vengan por aquí en los ratos libres a resolver sobre cuestiones que les pueden afectar directamente en su desempeño profesional, como pretende el Ministerio de Justicia?

R. Es una mala idea. El presidente solo no podría llevar esto. Pero quizás, respecto al número de vocales, se podría introducir una pequeña reducción, para que unos estén y otros no. Lo estamos analizando. Porque este consejo podría funcionar mejor con menos vocales, por ejemplo, con 12. ¿Pero qué hacemos con los demás? Es un problema que no tenemos resuelto.

P. ¿Se ha planteado usted recortar su sueldo (130.152 euros brutos al año), que casi duplica al del presidente del Gobierno (78.186)?

No puedo llevar solo el Consejo. Es una mala idea quitar la dedicación exclusiva”

R. ¿Tanto cobro yo? ¿El doble que el presidente del Gobierno? Lo que yo creo es que habría que adecuar el sueldo del presidente del Gobierno. Si queremos tener gobernantes capaces, habrá que pagarles bien porque, si no, al final no vendrá gente capaz. Y cuando uno lee en el periódico que a los responsables de los bancos intervenidos les limitan el sueldo a 500.000 euros y ves lo que está previsto para el presidente del Gobierno, piensas ‘esto no puede ser’. No le veo justificación.

P. ¿Le preocupa la lentitud de la justicia?

R. La justicia tiene en España sitios donde es muy lenta y sitios donde funciona con el tempo que necesita. Las leyes españolas son muy garantistas y permiten recurrir. Eso retrasa y los buenos abogados saben utilizar las leyes en beneficio de sus clientes. Aunque no todo es retraso. Hay muchos órganos judiciales que funcionan.

P. ¿Entiende que el caso Fabra, que afecta al líder del PP de Castellón, lleve nueve años instruyéndose con el juicio empantanado y el caso Urdangarín, que afecta al yerno del Rey, lleve poco menos de un año instruyéndose y estemos hablando ya del juicio oral?

R. No lo entiendo. Me parece que en el caso que afecta a Iñaki Urdangarin, con independencia del resultado judicial que tenga, que yo no prejuzgo nada, el tiempo de respuesta judicial va a ser el adecuado. Sin embargo, en el caso Fabra, el tiempo de respuesta judicial, cualquiera que sea, no es el adecuado.

P. La Ley del Aborto vigente no pudo ser informada por este Consejo debido a que se produjo un empate a 10 votos con una abstención. ¿Ocurrirá lo mismo con la que prepara el PP?

R. Probablemente ahora no se produciría, aunque no lo sé. Somos 21, es difícil que se produzca.

P. ¿Cree que la vigente Ley del Aborto es constitucional?

R. Creo que sí, que es una ley acomodada a los principios que rigen en otros muchos países de la Unión Europea y si en otros países está aceptada y es constitucional no sé por qué aquí no debía de serlo. Pero España no sé si es diferente o no todavía. En cualquier caso, es una decisión que corresponde al Tribunal Constitucional, no hay que olvidar que está pendiente de recurso.

Es injustificable que banqueros intervenidos cobren 500.000 euros, y Rajoy cobre 78.000”

P. El presidente Rajoy dijo en la última entrevista de TVE: “Ahora se hacen ERE pero no son de expulsión de la gente del trabajo, sino de suspensión o de reducción de la jornada o volver a pactar el salario. Se ha logrado que no sean siempre echar a la gente a la calle”. ¿Por lo que usted sabe desde la experiencia que tiene en derecho laboral, cree que eso es así?

R. Los ERE nunca eran necesariamente de expulsión. Estaban previstos más bien para suspender actividad laboral, para reducir jornadas, para acomodar plantilla a las necesidades de la empresa. Y si las necesidades de la empresa exigían una extinción, pues también se hacía. Ahora es igual. La única diferencia es que antes esa extinción estaba autorizada por la autoridad laboral y ahora la decide el empresario. El control de la autoridad laboral era muy importante y era en cierto modo garantista, porque en general la Inspección de Trabajo hacía una labor de mediación y de intervención en la decisión que normalmente se aceptaba. Como ahora lo hace el empresario, que puede hacerlo igual de bien, pues tiene más fácil tomar la decisión que él quiera. En este momento hay ERE de extinción, de suspensión y de modificación de condiciones pero, por lo que leo en el periódico, hay muchos ERE de extinción. Hay muchos recursos pendientes de grandes empresas. Se ha producido en la ley un cambio importante, que es la no intervención de la autoridad laboral.

P. ¿Qué le parece que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal vaya a dar más responsabilidad en la instrucción a los fiscales, y no a los jueces como hasta ahora?

R. Yo he entendido desde hace tiempo que era posible y conveniente que fuera el fiscal quien llevara la instrucción siempre que haya un juez de garantías detrás. Es una de las ideas que yo defendería.

P. ¿Cree que el juez Baltasar Garzón merece el indulto?

R. No tengo opinión en ese caso. Ni le condené ni intervine en la tramitación de la causa.

P. ¿Cree usted que Garzón es el último represaliado del franquismo, como dice él mismo?

R. El señor Garzón no para de hablar y dice muchas cosas, y me parece bien que las diga