Fuente: www.diarioelaguijon.com

El proyecto de rehabilitación del casco histórico de San Fernando de Henares ha supuesto una deuda total de 78 millones de euros que ha resultado en su embargo, un hecho sin precedentes ha puesto patrimonio público en manos privadas.

Todo comenzó hace tres años, cuando el ayuntamiento de San Fernando de Henares decidió remodelar el casco histórico -la plaza del Ayuntamiento y sus aledaños- un proyecto inocente que por la gestión de Izquierda Unida ha terminado con el embargo de la misma, por primera vez en la historia española. Los afectados, para variar, son los vecinos.

Que los ayuntamientos de España estén endeudados no es ninguna novedad. Que el patrimonio público esté embargado por falta de pago, en cambio, sí. En 2009, se aprobó en el la sesión plenaria la fundación de la empresa Plaza de España San Fernando S.L. (PESF), una entidad mixta en la que el 51% del patrimonio era privado, las casas y locales empresariales de los vecinos, mientras que el 49% restante provenía del ayuntamiento, donde gobernaban en coalición IU y PSOE, aunque el PP también votó a favor.

Los vecinos lógicamente abandonaron sus viviendas para permitir el proceso de rehabilitación y, una vez fuera, se pidieron los préstamos necesarios para tamaño proyecto: 54 millones de euros a Bankia. Las empresas que se iban a hacer cargo de las obras eran la constructora Ortiz y la proveedora Isolux. Nuestras fuentes en la oposición desvelaron que solo el alcalde y personas en su inmediatez tuvieron acceso al préstamo de Bankia y que desconocen a donde fue a parar el capital.

Eusebio González, portavoz del PP, estuvo de consejero de PESF desde su fundación, para asegurar una correcta gestión de los fondos. Cuando pidió en un pleno extraordinario las cuentas al alcalde, éste repuso que era la empresa, al ser privada, quien tenía que revelárselo. Ésta se negó a mostrarle ningún documento. Y González, derrotado, se dio por vencido y abandonó la empresa. Es cierto que la gestión corrió a cargo de IU, y que éstos la llevaron a cabo bajo el mayor secretismo y sin el control del resto de políticos.

Dónde desembocó el dinero no se sabe, pero es evidente que en Ortiz e Isolux no. Por lo pronto, la primera reclama 9,9 millones de euros que se le deben. Y la segunda, más pragmática, ha decidido prevenir cualquier ocupación de las propiedades hasta que reciban lo que les corresponde. Por lo pronto, Isolux ha tapiado las entradas a los pisos, soldado los cierres de los locales comerciales y aposentado a dos guardias que vigilan constantemente el perímetro.

PESF en un comunicado el martes declaró que se han emitido pagarés y que están en período de negociaciones, pero González no se muestra optimista: sabe que la empresa no dispone del capital necesario. Lo que teme la oposición es que al Ayuntamiento en su totalidad se le haga responsable, acusando que los únicos responsables de los problemas actuales son IU y su gestión. Su única esperanza es que se publique el gasto de los 54 millones y que en el, se descubra algo irregular que permita la devolución de parte del préstamo.

Sin embargo, las verdaderas víctimas del embrollo no son la oposición, ni las empresas, ni siquiera el Ayuntamiento en sí. Piensen en los vecinos que cedieron de buena fe sus casas hace tres años con la esperanza de vivir en un casco histórico rehabilitado. Ellos no han podido regresar a sus viviendas, que ahora están embargadas. Y no se engañen, seguramente no puedan.

Fuente: www.cincodias.com

Los inquilinos que se retrasen en el pago del alquiler podrán ser desahuciados en un plazo de diez días si no presentan alegaciones ante un juez, según el anteproyecto de ley de fomento del alquiler que aprobará hoy el Consejo de Ministros. No habrá que esperar a una sentencia que establezca que el impago obliga al inquilino a abandonar la vivienda.

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de hoy el anteproyecto de Ley de Medidas para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler, según avanzó ayer la ministra de Fomento, Ana Pastor. La principal novedad con respecto a lo conocido hasta ahora es que los inquilinos podrán ser desahuciados en diez días si no alegan ante un juez. Con la normativa en vigor, el arrendador se ve obligado a acudir a la vía jurisdiccional y obtener una sentencia declarativa para que el impago de la renta pudiese dar lugar a un desahucio. «Además, el inquilino tenía la potestad de pagar en el último momento y evitar la ejecución», añadió Pastor.

En caso de no saldar la deuda en esos días, el juez podrá dictar la resolución del contrato de forma inmediata, «sin más trámites». Según Pastor, «lo que se quiere es reducir el procedimiento tedioso que se tenía que llevar a cabo hasta ahora para dictar una resolución, pues lo que está claro es que el que no paga, no va a pagar aunque se le dé más plazo».

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, aseguró ayer que, «aunque pueda parecer que esta medida sea una ventaja para el arrendador, lo cierto es que se quiere evitar la picaresca en los contratos de alquiler». Otro de los principales aspectos de la ley es la potestad del arrendatario de rescindir el contrato sin tener que pagar ninguna indemnización si lo comunica con un mes de antelación, «independientemente de la duración de este».

Asimismo, el dueño de la vivienda podrá recuperarla para residencia habitual (siempre que sea para él, para familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción, o cónyuge en caso de divorcio) sin necesidad de que se haya pactado en el contrato, «siempre con un plazo de dos meses de preaviso». Por otra parte, el comprador de una vivienda arrendada solo estará obligado a mantener al inquilino en los arrendamientos inscritos en el Registro de la Propiedad, «aunque continúa sin ser obligatoria esta inscripción». En la normativa vigente, en los contratos de duración inferior a cinco años el comprador está obligado a mantener al inquilino ese periodo de tiempo, «esté o no inscrito en el Registro».