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La justicia da la razón a una empresa y le quita una multa de 300.000 euros impuesta por Hacienda.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Galicia acaba de dar la razón a una empresa gallega y anula, de esta manera, una multa que Hacienda le había puesto por valor de 301.537 euros. La compañía en cuestión se negó a dar acceso a sus ordenadores a los inspectores de la Agencia Tributaria. Por este motivo, el fisco calculó una multa del 2% de la facturación de la empresa en el ejercicio anterior a la investigación entiendo que la compañía estaba mostrando “resistencia, obstrucción, excusa o negativa“. Sin embargo, el TEAR entiende que, sin una autorización judicial, los inspectores no pueden acceder a los ordenadores de esta empresa, tal y como recoge Cinco Días.

A esta resolución se suma la postura del Tribunal Constitucional, que ha reconocido la inviolabilidad del domicilio social de las empresas. Por tanto, cualquier inspección que requiera entrar a la sede de una compañía necesita de autorización jurídica previa y no se podrá sancionar la negativa de los empresarios a dar acceso a la información de la empresa sin ese permiso. Aunque, eso sí, existen excepciones y no todos los lugares se consideran constitucionalmente protegidos. El Tribunal Supremo, por su parte, señaló en otra sentencia que “los lugares utilizados por representantes de las personas jurídicas para desarrollar sus actividades internas” serán los protegidos constitucionalmente.

Precisamente por esta interpretación de la ley, el fisco alegaba que no se trataba de un espacio constitucionalmente protegido. Sin embargo, el TEAR no lo ha entendido así y ha terminado fallando a favor de la compañía que se negó a dar acceso a seis ordenadores que tenía en la sede social, ya que no existía un requerimiento expreso.

Por su parte, el Gobierno ya está trabajando en incrementar la plantilla de inspectores de Hacienda para que llegue a los 26.320 y así aumentar la vigilancia sobre los contribuyentes. De hecho, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España presentado a la Comisión Europea se establece que el número de investigaciones para detectar actividades ilícitas aumentará. Además, desde la entrada en vigor de la nueva Ley contra el Fraude Fiscal supondrá unos ingresos extra de 828 millones al año a favor del Estado debido a la intensificación de las actuaciones de la Agencia Tributaria.

Fuente: https://www.libremercado.com/

Fuente: www.elconfidencial.com
El éxito de la amnistía fiscal para atraer el dinero negro se ha extendido al efectivo escondido debajo del colchón, según confirman fuentes conocedoras de la situación. Los propietarios de billetes ocultos al fisco están acudiendo en masa a la regularización ofrecida por Hacienda porque han conseguido esquivar el principal escollo que se les presentaba: cómo esquivar el pago del IVA que defraudaron en su día al ganar ese dinero, un aspecto en el que Hacienda también está dando muchas facilidades para atraer a todo el dinero oculto al fisco.
La amnistía fiscal permite regularizar el dinero que no ha pagado IRPF (o Sociedades) a cambio de pagar el 10% del patrimonio no prescrito. Pero no exime del pago del IVA que tendría que haberse ingresado en su día. “La gente que tiene dinero B normalmente es por actividades económicas sujetas a IVA. Si reconoces que tienes dinero en metálico escondido, la pregunta es de dónde procede y cuánto tenía que haber ingresado por este impuesto”, explica un expertos fiscalista.
Y ahí está el problema: si hay que pagar el IVA, ya no sale tan a cuenta regularizar, porque supondría un pago del 28% (el 10% del tributo extraordinario más el 18% de IVA) más intereses de mora y recargo por el IVA no ingresado. Por tanto, para estos defraudadores es vital eludir el pago de este impuesto; en caso contrario, preferirían mantenerse en negro y arriesgarse a que les pille Hacienda, ya que hasta ahora no les ha pillado.
Pero ahí es donde entran las facilidades de Hacienda. Es la propia Agencia Tributaria quien tiene que demostrar el origen del dinero, es decir, tiene que probar que ha habido ventas sujetas a IVA. “Una de las grandes sorpresas es que, en muchos casos, te puedes defender bastante fácilmente, porque es la Hacienda pública la que tiene la carga de la prueba”, según una de las fuentes consultadas. Otra añade que “es razonable suponer que no todo el dinero procede de años no prescritos, y es razonable argumentar que el grueso del mismo es anterior a 2008, porque depués muchos sectores se han parado y las ventas se han desplomado”.
El dinero en metálico se suma al de paraísos fiscales
“El dinero en metálico era lo más duro de la amnistía pero, con estas facilidades para esquivar el IVA, los tenedores lo están viendo claro ahora y se están apuntando en masa a la regularización”, según una tercera fuente. De esta forma, se suman a los que tienen dinero negro escondido en paraísos fiscales, que ya se estaba apuntando de forma generalizada a la medida. “Los bancos privados con clientes expatriados ya han contactado con ellos y se están apuntando ahora, y este flujo se va a acelerar conforme se acerque el fin del plazo”.
Esto se explica porque no hay que pagar por el dinero generado antes de 2008: el recargo del 10% no se va a aplicar sobre todo el patrimonio regularizado, tal como se pretendía inicialmente, sino sólo sobre el generado a partir de 2008; el anterior se considera prescrito y no tendrá que pagar por regularizarse. Ahora bien, eso va a provocar un resultado paradójico de la medida, como adelantó El Confidencial: va a tener éxito en cuanto a las cifras de patrimonio regularizado, pero no va a recaudar ni de lejos los 2.500 millones previstos por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al no recaudar por el grueso del patrimonio, que se va a considerar prescrito.
Una de las razones por las que van a esperar hasta última hora es el recurso de inconstitucionalidad presentado en junio por el PSOE contra la amnistía, que ha generado cierta incertidumbre respecto a que al final se pueda tumbar la medida. Pero también hay garantías para los que se acojan a ella. Aparte de permitir aprovechar la prescripción, el informe de Tributos garantiza que la inspección no va a perseguir a los defraudadores que se acojan a la amnistía después de la regularización.