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Fuente: www.elderecho.com

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El Ministerio de Justicia ha fijado los servicios mínimos correspondientes a la huelga de secretarios judiciales convocada para este jueves en la Comunidad de Madrid y que incluye una plantilla del 20% en el Tribunal Supremo, otro 20% en cada Tribunal Superior de Justicia y un 30% en cada Audiencia Provincial.

Los servicios mínimos abarcan dos secretarios judiciales en el orden penal de la Audiencia Nacional, dos en lo Contencioso y lo Social de la Audiencia y tres fedatarios públicos en los Juzgados Centrales de Instrucción, Central de lo Penal y Central de Vigilancia Penitenciaria y Menores. Otros dos deberán cubrir su puesto en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

La Secretaría General de la Administración de Justicia considera servicios esenciales todas aquellas actuaciones que puedan afectar a la libertad de las personas como sucede con los juicios y las causas con preso, las que supongan un perjuicio de derechos irreparable, los servicios de guardia de los Juzgados, las medidas cautelares y el registro de asuntos, así como las actuaciones de Registro Civil, con prioridad a las de naturaleza registral.

Los trabajadores, que reclaman mejora laborales, tildan la propuesta de servicios mínimos de «atentatoria» para el derecho de huelga, «superando con creces el calificativo de abusivos». «Y sin tiempo apenas para poder acudir a los tribunales», lamentan.

El Comité de Huelga ha expresado su «profundo malestar» por la forma de actuar del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien, a su juicio, «se apresura a llamar con un talante negociador» al colectivo de jueces y fiscales, pero no así a los miembros del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales.

«Tales actos no hacen sino demostrar realmente cuál es la auténtica afectividad del ministro hacia esta profesión y, lo que es más grave, hacia los ciudadanos pues no ha querido negociar para evitar un mal que nadie desea, que es la huelga en la Justicia madrileña», añade en un comunicado, para denunciar la «extrema e incomprensible parálisis» de las asociaciones de secretarios judiciales.

Reclamaciones profesionales

Este movimiento «de base y espontáneo» de fedatarios públicos reclama un marco de régimen estatutario propio, un nuevo régimen de sustituciones, un régimen disciplinario semejante al de jueces y fiscales al ser el de los secretarios judiciales «bastante más gravoso y duro que el de aquellos».

Piden un marco de representación y negociación laboral propio y el establecimiento de un catálogo pormenorizado de enfermedades profesionales. Exigen que se resuelva «de una vez» la «atroz problemática y trato» a los miembros de la tercera categoría de secretarios.

El colectivo exige la «adecuación retributiva» a las responsabilidades que la ley le otorga en cuanto a la dirección del juzgado o la asunción de las funciones que anteriormente eran desempeñadas por los jueces, y por las que responden disciplinaria y penalmente. «Y que, en ningún caso, sean inferiores a las de los otros dos Cuerpos Superiores, jueces y fiscales».

Resume que se tratan de cuestiones estatutarias «sin coste económico alguno para el Estado» y que la modificación retributiva puede marcar un periodo de ‘vacatio legis’ –entrada en vigor– de dos años en espera de que mejore la situación económica que atraviesa el país.

El Comité de huelga invita a los secretarios judiciales que secunden la jornada de paro a acudir al Salón de Actos del edificio de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid a partir de las 9.00 horas de la mañana.

Fuente: www.otrosi.net

La Comisión Interasociativa, que agrupa a las principales asociaciones de jueces y fiscales del país, han anunciado para el próximo día 23 una concentración ante el Ministerio de Justicia y ha advertido que si no se atienden sus demandas estudian la convocatoria de una huelga en el sector.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Comisión –formada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia(JD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Asociación Profesional e Independiente de Fiscales(APIF) y Unión Progresista de Fiscales(UPF)– ha analizado este miércoles la propuesta del Ministerio que preside Alberto Ruiz-Gallardón sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En una primera reunión celebrada el pasado 2 de octubre, Gallardón y la Comisión abordaron el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Ministerio pretende llevar «próximamente» al Consejo de Ministros y que plantea reducir los permisos y la actuación de los jueces sustitutos para profesionalizar la Justicia. En aquel encuentro, el ministro se comprometió a mantener 12 de los 18 días de permiso de la Carrera Judicial.

No obstante, en la reunión de la Comisión Interasociativa mantenida este miércoles, las asociaciones de jueces y fiscales han incidido en que las propuestas del Ministerio «se alejan» del contenido de la citada reunión y no se dan soluciones a «los verdaderos problemas de la Justicia», que pasan, dicen, por un Consejo General del Poder Judicial «claramente independiente y que mantenga sus competencias».

Por ello, reclaman la retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto Profesional de Jueces y Fiscales, así como la paralización de los Anteproyectos de Reforma del CGPJ.

Ante esta situación de «colapso» que vive la justicia actualmente, las asociaciones de jueces y fiscales también reclaman un incremento de la plantilla de ambos Cuerpos según las previsiones establecidas por el Consejo de Europa, el mantenimiento del presupuesto en materia de Justicia en «las previsiones del año 2013», y que no se establezcan tasas judiciales que impidan el acceso a la Justicia.

MEDIDAS DE PRESIÓN

La Comisión Interasociativa ha convocado una concentración de jueces y fiscales para el próximo día 23 de noviembre, al mediodía, en todas las capitales de provincia y que, en Madrid, se celebrará frente al Ministerio de Justicia para reclamar el cumplimiento de sus reivindicaciones. Además, no descarta adoptar otras medidas de presión como la huelga.

Asimismo, las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado la ejecución inmediata de las medidas ya acordadas de autorregulación que se pondrán en marcha a partir del próximo día 2 de noviembre, fecha a partir de la cual las actuaciones judiciales y fiscales se ajustarán estrictamente a las horas de Audiencia.

La Comisión Asociativa, que explicará sus demandas en una rueda de prensa en próximo día 30, a las 12.00 horas en la sede del CGPJ, ha ofrecido igualmente su colaboración con los Decanos de los juzgados de toda España que se reunirán el próximo día 5 de noviembre para adoptar medidas conjuntas en beneficio de las carreras Judicial y Fiscal.

RECLAMAN INDEPENDENCIA JUDICIAL

Las asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su rechazo a «cualquier iniciativa tendente al debilitamiento del CGPJ» y su «desacuerdo más absoluto» con aquellos proyectos legislativos que impidan preservar y conservar la independencia del Poder Judicial.

En este sentido, han recordado que, según los informes oficiales del Consejo de Europa, los órganos judiciales españoles se encuentran junto con Turquía en los últimos puestos en relación con los medios materiales de que disponen y el número de Jueces y Fiscales por habitante, España se encuentra en los primeros puestos en cuanto a la carga de trabajo que soportamos, al existir una ratio de Jueces y Fiscales por habitante muy inferior a la media europea.

Por ello y con el objetivo de evitar el colapso de la Justicia, han enfatizado que «no se puede únicamente establecerse unas tasas judiciales que limitan el libre acceso a la Justicia como Derecho constitucionalmente reconocido», ni se puede pretender «que los Jueces y Fiscales soportemos más carga de trabajo de la ahora soportada, estableciendo un sistema de sustituciones que no permite proporcionar a los ciudadanos una Justicia de calidad».

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