Fuente: www.otrosi.net

Los recortes que se debaten en la Asamblea de Madrid afectan gravemente a la prestación de un servicio público que garantiza derechos fundamentales para los ciudadanos y cuyo coste debe afrontar en su totalidad la administración competente, en este caso la Comunidad de Madrid.

La reducción que se pretende aprobar, prevista en un 20%, será aplicable sobre unos baremos que no se actualizan desde el año 2003, lo que supondrá una pérdida del poder adquisitivo para los abogados de turno de oficio de entorno al 50%, a lo que se añade el retraso endémico en el pago por parte de la Comunidad de Madrid de las actuaciones ya realizadas y debidamente justificadas, cuestión que ha supuesto al Colegio un coste añadido de 2 millones de euros. Por lo que se refiere a los colegios profesionales, esta reducción les supondrá una merma considerable en las cantidades que destinan al eficaz funcionamiento del servicio y que le impedirá prestarlo con la misma calidad y eficiencia, afectando en última instancia al correcto funcionamiento de la administración de justicia, que en una gran parte precisa de las designaciones de profesionales de turno de oficio para garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Desde el año 2001 hasta 2011, el Colegio de Abogados ha aportado de sus propios recursos 2,5 millones de euros para completar la dotación, siempre insuficiente, que recibe de las instituciones públicas obligadas por ley a sufragar el coste de este servicio público. Únicamente en 2012, el déficit que soportará el Colegio por la prestación del servicio ascenderá a 1,7 millones de euros, pero un nuevo recorte haría imposible garantizar la asistencia inmediata a los ciudadanos más desfavorecidos, lo que afectará a la tramitación de los procedimientos judiciales, y por consiguiente al correcto funcionamiento de la Justicia en la Comunidad. Las propuesta debe ser reconsiderada para evitar que los ciudadanos con muy escasos recursos afectados por desahucios o despidos, las victimas de violencia de género o los imputados por delitos comunes que no pueden pagarse una defensa, todos ellos en situaciones de especial vulnerabilidad en el momento en el que nos encontramos y a quienes no se podrá garantizar, con la misma eficacia que hasta ahora, la presencia inmediata de un abogado, sufran situaciones de desigualdad en el acceso a la justicia. Los ciudadanos que carecen de recursos para litigar serán el colectivo más desfavorecido por las consecuencias de las medidas propuestas por la Comunidad de Madrid motivo por el que  el Colegio de Abogados de Madrid, en garantía de la continuidad del servicio público de Turno de Oficio, seguirá actuando con todas las acciones  y contundencia que le permita el ordenamiento jurídico.