Un tribunal deniega un desahucio por no pagar los costes de conservación de la casa

El alquiler de viviendas

El mercado de alquiler de viviendas ha sufrido numerosos cambios y ha sido una de las áreas más afectadas por la pandemia mundial. Muchos propietarios de viviendas han enfrentado dificultades económicas al no poder alquilar sus propiedades y, en algunos casos, han visto a sus inquilinos incapaces de pagar el alquiler.

En este contexto, se han dado casos en los que los propietarios han solicitado desahucios de inquilinos por el impago de obras de conservación que los arrendatarios estaban obligados a pagar según los términos del contrato de arrendamiento.

La decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas destaca la importancia de tener en cuenta la normativa legal aplicable y los detalles específicos del caso.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas es un recordatorio importante de que no todas las cantidades que un inquilino está obligado a pagar están consideradas como «cantidades asimiladas a la renta».

Solo se pueden considerar aquellas cantidades que el inquilino está obligado a pagar por mandato legal, y deben cumplir con los requisitos legalmente exigidos.

En el caso concreto, las reparaciones que la propietaria de la vivienda reclamaba al inquilino no se correspondían con ningún supuesto contemplado en la normativa.

Es recomendable preparar junto con asesores legales los documentos o contratos de arrendamiento, para no incurrir en ninguna ilegalidad. Se han multiplicado los casos de contratos de alquiler fraudulentos, contratos firmados con cláusulas abusivas, es importante saber si se puede anular un contrato de alquiler una vez firmado, por ejemplo.

De la misma forma, se aconseja a los nuevos inquilinos ir acompañados, o tener asesoramiento antes de firmar ningún contrato de alquiler, para evitar riesgos y problemas posteriores legales.

La sentencia destaca que no se trataba de un servicio o suministro en beneficio del inquilino ni de una cantidad que debía asumir por mandato legal, como el IBI o la tasa de basuras. Además, las obras no fueron solicitadas por el inquilino ni fueron acordadas por resolución judicial o administrativa firme.

Esta decisión es especialmente relevante en un contexto en el que muchos propietarios han enfrentado dificultades económicas debido a la pandemia mundial y han tenido que recurrir a los tribunales para solicitar el desahucio de inquilinos que no podían pagar el alquiler.

Es importante tener en cuenta que cada caso es único y que los propietarios deben consultar con expertos legales para entender las opciones que tienen a su disposición.

En conclusión, la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas destaca la importancia de entender la normativa legal aplicable y los detalles específicos de cada caso antes de solicitar un desahucio.

Los propietarios de viviendas y los inquilinos deben buscar asesoramiento legal para comprender sus derechos y responsabilidades y para evitar posibles conflictos en el futuro.

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