La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado y dejado sin efecto el artículo 54 ter del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, introducido en 2017, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”, ya que su tramitación no fue comunicada a la Comisión Europea como era preceptivo.

El TS ha estimado el recurso de la Asociación española de la Economía Digital ADIGITAL contra el apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”.

El Supremo aplica al caso la sentencia del TJUE en el ‘caso Airbnb’, de 19 de diciembre de 2019, de la que se desprende que una norma como el artículo 54 ter del citado Reglamento “debía haber sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (procedimiento de información en reglamentaciones técnicas) y que su falta de notificación conlleva su invalidez”.

Para el alto tribunal, “los términos de la sentencia del TJUE (…) son claros, estamos ante una disposición general que establece una serie de obligaciones a las entidades colaborativas prestadoras de servicio de la información, que aun siendo legítimas desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno, suponen un reglamento técnico de desarrollo de la Ley de trasposición de la directiva de información , y en consecuencia debería haber notificado el Estado español a la Comisión Europea la intención de aprobar la norma reglamentaria que ahora se impugna, lo que no ha hecho, por lo que se producen los efectos que se derivan de dicho incumplimiento formal, y en consecuencia, procede dar lugar al recurso contencioso-administrativo y anular y dejar sin efecto el reglamento impugnado por ser contrario a Derecho”.

Dicho artículo 54 ter establecía que “las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español en los términos establecidos en el apartado siguiente, vendrán obligados a presentar periódicamente una declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien”. Establecía que tendrán la consideración de intermediarios todas las personas o entidades que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario del uso a que se refiere el apartado anterior, ya sea a título oneroso o gratuito, en particular las personas o entidades que, constituidas como plataformas colaborativas, intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información.

También regulaba que los datos que debía contener la declaración informativa. Como la identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos, así como del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, si fueren distintos. También la identificación del inmueble con especificación del número de referencia catastral o en los términos de la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo de declaración correspondiente, y la identificación de las personas o entidades cesionarias, así como el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos, y además el importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda con fines turísticos o, en su caso, indicar su carácter gratuito.

Etiquetas: hacienda, vivienda, uso turistico, alquiler

Fuente: poderjudicial

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Los profesionales que utilicen patinetes eléctricos para su actividad profesional, total o parcialmente, podrán deducirse el IVA y el IRPF de su precio. Así lo establece la Subsecretaría General de Impuestos sobre la Renta de las Personas, en una reciente consulta vinculante de 29 de mayo de 2020 (V1690-20).

En la resolución, Hacienda dicta que estos vehículos pueden ser equiparables a los automóviles a efectos tributarios. Para que se genere la deducción del IVA, el uso de estos aparatos debe estar ligado directa y exclusivamente a la actividad empresarial.  Pero si se trata de vehículos automóviles de turismo, ciclomotores o motocicletas, una vez acreditado que se encuentran, al menos, parcialmente afectos a la actividad empresarial o profesional de sujeto pasivo, Hacienda permite una deducción parcial del 50 por ciento, salvo que se trate de alguno de los vehículos incluidos en la lista tasada del art. 95 LIVA.

Así, para considerar el patinete como un vehículo turismo, un ciclomotor o una motocicleta (y poder beneficiarse de la deducción parcial) deben cumplirse lo establecido en la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior en la Instrucción de 3 de diciembre de 2019 en cuanto a las características para que sea posible la equiparación.

En cuanto al grado de afectación, el tributario debe probar que el vehículo se usa total o parcialmente para la actividad profesional utilizando «cualquier medio admitido en Derecho». 

No obstante, la Agencia Tributaria puntualiza que no será prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el propio sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial, sin perjuicio de que esta anotación sea otra condición esencial para poder ejercitar el derecho a la deducción.

Deducir el IRPF 

En cuanto al, IRPF, para la deducción de los gastos derivados de la adquisición (el gasto se deducirá a través de las amortizaciones), mantenimiento o utilización de los vehículos, se exige que éste tenga la consideración de elemento patrimonial afecto a la actividad. Nuevamente, para dicha consideración debe estarse a la Instrucción de la Dirección General de Tráfico. Así se determinará si se trata de un vehículo afecto a la actividad a los efectos de la deducción de los gastos derivados de su adquisición y utilización.

Fuente: http://noticias.juridicas.com/

Etiquetas: tributo, IRPF, dedución, patinete eléctrico

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A efectos de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU) –conocido  como plusvalía municipal—, la escritura de compra de una finca (otorgada en 1987), junto con la posterior de obra nueva sobre la misma y la de su transmisión, en 2014, prueban la depreciación sufrida por el inmueble.

Por lo tanto, al ser menor el precio de venta al de adquisición, no se produce el hecho imponible de este impuesto.

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Así lo ha establecido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Comunidad Valenciana, en su sentencia de 14 de septiembre de 2016 (sentencia número 520/2016, ponente señor Olarte Madero), por la que anula una liquidación por dicho impuesto efectuada por el Ayuntamiento de Paterna (Valencia).

En el caso se trataba de la liquidación efectuada por la transmisión de una finca y de la nave industrial posteriormente construida sobre la misma.

Según la escritura de compra del terreno, de 1987, el precio de adquisición del mismo fue de 69.717,40 euros, mientras que, según la declaración de obra nueva,  el valor de construcción de la nave en el mismo, en 1999, fue de 264.445,32 euros. En 2014 terreno y nave se transmitieron conjuntamente por 253.420,66 euros, hecho por el que el Ayuntamiento giró al propietario del inmueble liquidación por el IIVTNU por importe cercano a los 50.000 euros.

Impugnada dicha liquidación, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo dio inicialmente la razón al consistorio valenciano, desestimando la demanda.

Sin embargo, el TSJ estima el recurso de apelación interpuesto contra dicha sentencia y anula y deja sin efecto la liquidación practicada a la mercantil.

Existencia de prueba suficiente de la depreciación

Según la sentencia, el problema de fondo planteado por la demanda era “determinar si existe o no prueba suficiente que permita concluir que el precio de la trasmisión es inferior al de adquisición del bien”.

Sobre este punto, el juez de instancia había considerado que no se había aportado “dictamen ni medio probatorio alguno que acredite [que] entre la fecha de adquisición y [la del] devengo no ha existido incremento de valor del terreno urbano”.

Por ello, ante lo que entendió “ausencia absoluta de prueba que acredite que el valor del terreno en la transmisión fue inferior al de adquisición” da la razón al Ayuntamiento y mantiene la liquidación practicada.

Sin embargo el TSJCV se aparta de estos argumentos.

Las escrituras acreditan la depreciación del inmueble

Según el criterio del TSJ, de la prueba desplegada en las actuaciones se desprende la producción de la depreciación del valor del inmueble invocada por la actora.

En opinión de la Sala, “Tales pruebas vienen constituidas por las tres escrituras que figuran en los autos, la de [compra del terreno, de] 3 de julio de 1987, la de [obra nueva, de] 25 de febrero de 1999 y la de [transmisión de terreno y nave, de] 26 de marzo de 2.014.”

Y de tales escrituras “se desprende indirectamente el menor valor del inmueble en el momento de la transmisión [con respecto] al de la adquisición”.

En concreto, la sentencia aprecia que solo el valor del vuelo ya supera el valor por el que fue transmitido el inmueble.

Por tanto, siendo el objeto de la transmisión un “todo único (un solo cuerpo)”, del que no cabe separar suelo y vuelo, y aplicándose el impuesto “al bien inmueble existente sobre el que se ha construido una edificación”, la Sala resuelve “estimar la apelación planteada y estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto contra las liquidaciones referidas.”

Doctrina novedosa

Según el letrado que ha llevado la defensa de la mercantil, Mario Gil Cebrián, con esta sentencia «se introduce una doctrina novedosa a la hora de aplicar este impuesto» que da al traste con la práctica administrativa de tomar en consideración exclusivamente el valor catastral de los inmuebles, entiendo que el valor del suelo se incrementa sistemáticamente desde la fecha de su adquisición.

En declaraciones a Noticias Jurídicas Gil Cebrían considera que esta práctica supone “una quiebra de todo principio económico en materia tributaria”.

Sin embargo, en este caso, y en otros muchos similares, la depreciación sufrida por el inmueble, era tan evidente que ni siquiera le hizo falta acudir a la prueba pericial: a la luz de las escrituras aportadas, la Sala apreció que la depreciación “saltaba a la vista.”

El terreno se había adquirido previamente, en fecha anterior al del inicio de la “burbuja inmobiliaria”, mientras que la nave industrial se levantó con posterioridad.

En opinión de este letrado, esta sentencia puede aplicarse a las transmisiones de inmuebles adquiridos entre 2001-2008, fecha en que, como consecuencia del boom inmobiliario, las valoraciones de los terrenos y las construcciones sobre los mismos eran muy superiores a las actuales.

Fuente: noticiasjuridicas

Fuente: www.eleconomista.es

Los autónomos que trabajan en su vivienda habitual y no tributan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas en módulos o por el Impuesto sobre Sociedades, podrán recuperar en torno a un 20 por ciento de sus gastos en suministros, correspondientes al desarrollo de la actividad profesional, según valoraron ayer fuentes de las asociaciones del representativas del sector.

Esta recuperación podrá realizarse, tras la publicación de una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (Teac), de 10 de septiembre de 2015, de carácter vinculante para las Administraciones, tanto estatal como de las comunidades autónomas, en la que se resuelve que los autónomos tienen derecho a deducir sus gastos de teléfono, agua, luz, gas y otros suministros, compartidos con el resto de la vivienda habitual.

Unos 300.000 beneficiados

En total se estima que los beneficiados por esta resolución son un colectivo de unos 300.000 trabajadores autónomos, de los 800.000 que conforman el colectivo completo, según las fuentes consultadas por elEconomista.

El argumento empleado por los funcionaros de la Agencia Tributaria es que estos autónomos tenían que demostrar que ese gasto estaba afecto a la actividad, llegando, incluso a exigir una factura aparte de la expedida por las empresas de servicios para la vivienda.

Esta actitud restrictiva, que no se da con los gastos de suministros de las sociedades, llega a niveles tales como que para que un autónomo pueda cobrar por el cese de la actividad, lo que popularmente se llama el paro del autónomo, es obligatorio que se dé de baja de los suministros, algo complicado para quien ejerce en su vivienda.

La respuesta del Teac, no obstante, tiene sus limitaciones, puesto que determina que en el caso de los gastos correspondientes a suministros, no procede su deducción atendiendo exclusivamente a una proporción entre los metros cuadrados afectos a la actividad económica y la superficie total del inmueble.

En ausencia de método de cálculo objetivo, la Sala entiende que se debe imponer la regla general de admitir la deducción de aquellos gastos de suministros respecto de los que el obligado tributario pruebe la contribución a la actividad económica desarrollada, y, siguiendo la regla de correlación entre ingresos y gastos para la determinación del rendimiento neto de la actividad económica, sólo puede admitirse la deducción de los gastos si su vinculación con la obtención de los ingresos resultara acreditada por el obligado tributario.

En la resolución se falla que «la sola proporción en función de los metros cuadrados de la vivienda afectos a la actividad no serviría, pero podría, en su caso, servir un criterio combinado de metros cuadrados con los días laborables de la actividad y las horas en que se ejerce dicha actividad en el inmueble».

Los profesionales que declaran en Estimación Directa por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que comparten vivienda habitual y centro de actividad, tienen derecho, además, a deducirse gastos de comunidad de vecinos, IBI o amortizaciones.

La Sala señala que en estos casos debe diferenciarse entre los gastos derivados de la titularidad de la vivienda y los correspondientes a los suministros del inmueble.

Afectación parcial

La normativa reguladora del IRPF permite la afectación parcial de elementos patrimoniales divisibles, siempre que la parte afectada sea susceptible de un aprovechamiento separado e independiente del resto, lo que puede acontecer en el supuesto de una vivienda que, parcialmente, se utiliza para el ejercicio de una actividad económica.

Tratándose de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, tales como amortizaciones, IBI, comunidad de propietarios, etc, sí resultan deducibles en proporción a la parte de la vivienda afectada al desarrollo de la actividad y a su porcentaje de titularidad en el inmueble referido.

Carácter vinculante

Esta resolución del Teac, en unificación de criterio, tiene carácter vinculante para toda la Administración tributaria, tanto del Estado como de las Comunidades y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Este carácter vinculante se extiende tanto a los órganos de aplicación de los tributos como a los que tienen función revisora, tanto los criterios que con carácter reiterado fija el Teac, como las resoluciones de este mismo Tribunal dictadas, como sucede en el presente caso, en la resolución de recursos de alzada extraordinarios en unificación de criterio.

Hasta ahora, tan sólo había una sentencia judicial sobre la materia, pero solo afectaba a quienes habían reclamado la deducción de sus gastos por la actividad económica. Es un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 10 de marzo de 2015, que si bien reconoce la deducción de los suministros, rechaza la deducción de los gastos del vehículo al considerar que puede usarse para actividades privadas.

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Fuente: www.poderjudicial.es

El alto tribunal pretende determinar si el artículo que prevé reducciones para “cónyuges” contradice el derecho constitucional a la igualdad en relación a parejas homosexuales que no pudieron casarse por el fallecimiento de uno de ellos antes de la entrada en vigor de la Ley de matrimonios de personas del mismo sexo de 2005.

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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha planteado cuestión de inconstitucionalidad para determinar si el artículo de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que prevé reducciones para “cónyuges” contradice el derecho constitucional a la igualdad en relación a parejas homosexuales que no pudieron casarse por el fallecimiento de uno de ellos antes de la entrada en vigor de la Ley de matrimonios de personas del mismo sexo de 2005.

En un auto, el Supremo plantea al TC la cuestión sobre el artículo 20.2.a de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuando se trata de aplicarlo a las parejas homosexuales que convivían more uxorio (de hecho) sin poder contraer legalmente matrimonio, en tanto circunscribe a los ‘cónyuges’ la aplicación del régimen de reducción, por su eventual contradicción con los artículos 14 (derecho a la igualdad) y 31.1 (sistema tributario justo) de la Constitución española.

La Sala eleva la cuestión por considerar que la respuesta que ofrezca el Constitucional será determinante para decidir sobre un recurso de casación planteado por una mujer en relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones que le correspondía pagar tras morir su pareja, una mujer fallecida el 11 de agosto de 2001 y que la instituyó a ella heredera universal y única. El Tribunal Económico-Administrativo Central confirmó la liquidación del Impuesto, realizada en marzo de 2004, por cuantía de 1,1 millones de euros, así como una sanción de 5.524 euros.

El TSJ de Asturias, ante quien apeló la mujer, estimó en parte su recurso y anuló la sanción, y ordenó a Hacienda realizar una nueva liquidación, pero sin acceder a que se le considerara como cónyuge a efectos del Impuesto.

En su auto, la Sala se plantea las siguientes dudas: “¿Es razonable considerar «extraño» al supérstite (superviviente) de una pareja homosexual que convivió more uxorio con el finado, sin poder contraer legalmente matrimonio, a los efectos de cuantificar la capacidad económica gravada por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?”

“¿Resulta proporcionado que, siendo idéntica la capacidad económica gravada en ese impuesto, la Ley 29/1987 permitiera que la carga tributaria soportada por el supérstite de una pareja homosexual que convivió more uxorio con el finado, con quien no pudo legalmente contraer matrimonio, acabe siendo más del doble de la que le hubiera correspondido a un cónyuge supérstite en sus mismas circunstancias?”, añade.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Principado de Asturias, partes en el proceso, consideraron que era innecesario plantear la cuestión de inconstitucionalidad por haber sentado el TC doctrina, en la sentencia 92/2014, de 10 de junio, en la que destacaba que “no toda imposibilidad de cumplir los requisitos legales para contraer matrimonio permite concluir que quienes se ven así impedidos tienen, sólo por ello, los mismos derechos y deberes que quienes conviven matrimonialmente”. En ese caso, el TC resolvía sobre una reclamación de pensión de viudedad de una persona homosexual tras la muerte de su pareja.

El Supremo, a pesar de esa doctrina, mantiene sus dudas sobre la constitucionalidad de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones al resaltar que “no nos resulta evidente que el legislador tenga el mismo margen para configurar el régimen de prestaciones económicas de la Seguridad Social, que para configurar el régimen de cuantificación de un tributo que, según sus propias palabras, ‘cierra el marco de la imposición directa, con el carácter de tributo complementario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas’, contribuyendo a la ‘redistribución de la riqueza’”.

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Fuente: www.fiscalaldia.es

El Pleno del Consejo de los Diputados aprobará el texto de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que incluye una amnistía fiscal para las pensiones procedentes del extranjero y que no han tributado en España. Finalmente, la amnistía de las pensiones percibidas por extranjeros residentes en España ha pasado todos los trámites parlamentarios y será una realidad a partir del 1 de enero de 2015. Las retribuciones no declaradas en período voluntario en años no prescritos pueden regularizarse sin recargos, intereses ni sanciones en los seis primeros meses de la entrada en vigor de la reforma. Se condonarán además recargos, intereses y sanciones impuestos por presentar fuera de plazo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el pasado mes de mayo que se habían abierto un total de 27.696 inspecciones a pensionistas extranjeros residentes en España y a jubilados retornados por no declarar su pensión de un país extranjero. El número de estos pensionistas se estima en 1,8 millones. No declarar estos ingresos ha re-presentado para muchos obligados tributarios el incremento de sus declaraciones del IRPF, el abono de intereses de demora y las sanciones legalmente establecidas. La sanción supone un recargo de un 20por ciento más de lo que le correspondería pagar y un 5 por ciento de intereses anuales de demora.

Por ello, para evitar problemas con los sancionados hasta ahora, la Agencia Tributaria (AEAT) procederá a devolver los importes exigidos y cobrados por estas sanciones. La nueva normativa, que está a punto de aprobarse, establece que cuando un contribuyente no haya tenido obligación de presentar una declaración del IRPF en algún ejercicio y la inclusión de dichas pensiones determine su obligación de declarar, la regularización se efectuará con la presentación de la declaración no presentada.

Además, el texto establece que cuando se hayan regularizado las pensiones procedentes del extranjero con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en la que se contiene esta medida (actualmente proyecto de ley), se condonarán los recargos (incluidos los del período ejecutivo), intereses y sanciones derivados de dicha regularización que no hubiesen adquirido firmeza. Cuando hayan adquirido firmeza, se deberá solicitar a la AEAT la condonación en el plazo de seis meses a contar desde el 1 de enero. Los abogados especializados en fiscalidad del bufete Roca Junyent comentan que si en la liquidación practicada se hubieran incluido otros rendimientos, además de las pensiones, la condonación de los recargos, intereses y sanciones será proporcional al importe de las pensiones regularizadas en relación con el resto de los rendimientos objeto de regularización.

Los importes ingresados serán objeto de devolución, sin abono de intereses de demora, en el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado la devolución, se abonarán los intereses de demora que correspondan. El Economista (19/11/20014)

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Fuente: www.eleconomista.es

Corrige el criterio sentado por la Dirección General de Tributos

El Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac) acaba de posicionarse del lado del contribuyente al fijar, a través de una resolución, que es compatible el tratamiento fiscal que la Ley del IRPF otorga a las anualidades por alimentos satisfechas en virtud de decisión judicial a favor de los hijos -en aquellos casos en los que el contribuyente tenga concedida la guardia y custodia compartida-, con la aplicación concurrente del mínimo por descendientes.

La resolución, con fecha de 11 de septiembre de 2014, corrige así el criterio sentado por varias consultas de la Dirección General de Tributos, en las que se concluía que la aplicación concurrente de mínimo por descendientes y el régimen de anualidades por alimentos por contribuyentes separados con guardia y custodia compartida de sus hijos resultaba imposible. La Dirección argumentaba que, en estos casos, únicamente cabría desgravarse el mínimo por descendientes, excluyendo así la posibilidad de optar por uno u otro régimen.

Desestima un recursos extraordinario

Con esta respuesta, el Teac desestima un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, interpuesto por el director de Gestión Tributaria, aclarando que «las contestaciones a las consultas de la Dirección General de Tributos [invocadas por el director] no son vinculantes para los Tribunales Económico-Administrativos».

En concreto, el director recurrente argumenta que la aplicación del mínimo por descendientes y del tratamiento previsto para las anualidades por alimentos son incompatibles y, más aún, que en estos casos sólo cabe aplicar el mínimo por descendientes prorrateado al 50%, sin que quepa aplicar beneficio fiscal alguno por los alimentos pagados a los hijos.

Así, según Tributos, tales beneficios no pueden aplicarse conjuntamente y, además, no es una opción del contribuyente el aplicar uno u otro, sino que necesariamente prima el mínimo por descendientes sobre la aplicación separada de la escala de gravamen al importe de las anualidades por alimentos. Sin embargo, el Teac llega a la conclusión contraria, y asegura que «ninguna de estas consideraciones se encuentran recogidas en nuestra actual legislación», sin que se establezca como requisito que no existan convivencia con el hijo a favor del cual se satisfacen los alimentos.

Además, el Teac asegura que «la interpretación que se propugna por el director recurrente discriminaría a unos contribuyentes frente a otros, por el solo hecho de haber optado, voluntariamente en la mayoría de los casos, por la guarda y custodia compartida de sus hijos menores».

Sentencia: TEAC-alimentos

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS)

La Agencia Tributaria ha puesto hoy en marcha el registro de operadores en el nuevo régimen opcional de ‘Ventanilla Única’ previsto en la directiva comunitaria para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el IVA correspondiente a servicios de telecomunicaciones, radiotelevisión y operaciones electrónicas prestados a particulares consumidores finales.

En un comunicado, la Agencia Tributaria recuerda que a partir del 1 de enero de 2015, y una vez completada la trasposición de la directiva que se efectuará en el marco de la próxima reforma fiscal, servicios como telefonía móvil, correo de voz y llamada en espera, acceso a internet o radiotelevisión, entre otros, deberán tributar con el tipo de gravamen español cuando los particulares consumidores residan en España.

Hasta ahora, estos servicios tributaban en el Estado de la UE donde estuviese localizado el prestador de servicios, con independencia del lugar donde efectivamente se producía el consumo.

De esta forma, los operadores pueden optar por presentar las declaraciones e ingresar el IVA correspondiente en cada uno de los estados miembros donde residan los consumidores de sus servicios o bien concentrar todos los trámites en un único país de la UE a través de ‘Ventanilla Única’, con la consiguiente reducción sustancial de costes de gestión.

El nuevo sistema de ‘Ventanilla Única’, que la Agencia Tributaria ya ha comenzado a divulgar entre empresas y despachos de asesoría especializados en la materia, permitirá a los operadores una notable reducción de las cargas fiscales indirectas que pudieran generar las reglas de localización del IVA en estos sectores.

Las empresas del sector que escojan España para la realización de sus trámites relacionados con el IVA, tendrán a su disposición la sede electrónica de la Agencia Tributaria, que será la encargada de recibir las declaraciones del impuesto correspondientes a cualquier estado de la UE. Así, las operadoras registradas en España efectuarán los correspondientes ingresos de forma telemática sin necesidad de identificarse fiscalmente a estos efectos en el resto de la UE.

DE FORMA TELEMÁTICA.

Paralelamente, la Agencia Tributaria recibirá de forma telemática del resto de estados miembros las declaraciones e ingresos de IVA por servicios que deben tributar en España al corresponderse con servicios prestados por empresas del sector a los consumidores finales españoles.

De cara a la implementación de estos cambios, la Agencia Tributaria creó a principios de junio un apartado específico de información en su página web con notas explicativas, respuestas a preguntas frecuentes y toda la normativa que afecta a estas modificaciones. Además, en julio se habilitó un servicio que permite a las empresas interesadas la posibilidad de hacer pruebas del proceso de registro o alta en el sistema de ‘Ventanilla Única’.

Fuente: Mi abogado personal

Europa Press

La reforma del IPRF planteada por el Gobierno supondrá un ahorro medio de 435 euros para 13 millones de contribuyentes, el 67% del total, según el análisis realizado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), que indica que el 30% de los contribuyentes no notará la rebaja y el 3% pagará más.

Para el Estado, el impacto recaudatorio de la reforma será de una merma de ingresos de 1.416 millones de euros en 2015, por una caída de los ingresos de 5.441 millones de euros que se verá compensada, en parte, por un efecto de estímulo sobre la economía (‘Efecto Laffer’) de 1.737 millones, y que dará lugar a una caída neta de la recaudación de 3.704 millones de euros.

A ello, Funcas suma 2.039 millones de euros de ingresos que provienen del ciclo económico y de 249 millones más por los impuestos del consumo y que atenúan esa caída de la recaudación.

Por otro lado, con esta revisión del sistema tributario también hay contribuyentes perdedores, ya que la eliminación de la deducción de 1.500 euros en los dividendos y la reducción en la deducción por aportaciones a planes de pensiones supondrá que un 3% de los españoles, algo más de 600.000, pagará de media 310 euros más a Hacienda. Para los 5,7 millones de contribuyentes restantes, casi el 30%, la reforma tendrá un efecto neutro.

Así, Funcas espera una reducción del tipo medio de IRPF del 8,19% en 2015, desde el 14,7% al 13,5%, en línea con las previsiones del Ejecutivo, que esperaba una rebaja del 8,06%.

En cuanto al tipo marginal, pasará del 32,7% al 31,6%. En este caso, aquellos con bases liquidables de entre 20.000 y 34.000 euros experimentarán un ligero incremento de su tipo marginal. Por el contrario, aquellos con bases superiores a los 120.000 euros se beneficiarán de una notable rebaja.

Así, el director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha indicado que «en conjunto la reforma fiscal es casi neutral o ligeramente progresiva», si bien «supone un descenso de la factura fiscal directo para los contribuyentes residentes de 5.400 millones en 2015».

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Fuente: www.eleconomista.es

  • Esta referencia no es fiable para liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio.
  • No tiene por qué coincidir con la realidad, pudiendo ser desmentida.

La liquidación tributaria del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales atendiendo a la descripción del inmueble recogida en la ficha catastral es nula por no ajustarse a Derecho el método empleado para la obtención de su base imponible, según el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia. El magistrado Pérez Nieto resuelve la impugnación de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (Tear) de la Comunidad Valenciana que desestimó la reclamación interpuesta por una contribuyente contra una liquidación acordada por la Administración Tributaria valenciana del citado Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). En concreto, la Administración Tributaria autonómica y, posteriormente, el Tribunal Económico-Administrativo Regional (Tear), dieron valor al dictamen de peritos que justificaron la comprobación de valores, en los datos descriptivos del inmueble consignados en la ficha catastral y relativos a superficie, estado, antigüedad, etc., en lugar de atender a los datos consignados en la autoliquidación hecha por la contribuyente. Ahora, en esta sentencia de 1 de octubre de 2013, el TSJ anula la comprobación de valores que había llevado a cabo la Administración Tributaria, y quita la razón al Tear, ya que, dice el fallo, «la motivación tenía que ser específica e individualizada y en este caso no había sido así». Asegura Pérez Nieto que la Administración se fió de la descripción catastral y «esta descripción, aunque vincule al contribuyente a efectos de IBI y del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de modo que en uno y otro impuesto la base viene determinada por el valor catastral del inmueble», no es obligatoria para el ITP ni para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para los que «la Ley no contempla una gestión administrativa colectiva en la determinación de las bases tributarias a aplicar». Así, continúa el fallo del TSJ, «esta descripción (…) no tiene por qué coincidir necesariamente con la realidad, pudiendo ser legítimamente desmentida al presentar el contribuyente la declaración o autoliquidación del ITP, pues sus leyes reguladoras no imponen que la descripción catastral sea punto de partida preceptivo en el cálculo de la base imponible». Valoración genérica En opinión del magistrado, el hecho de que la Administración Tributaria acudiera a la ficha catastral para determinar el valor del inmueble, partiendo de la propia descripción y valoración generalizada y previa de todos los inmuebles del territorio «desnaturaliza la gestión individualizada contemplada en la ley reguladora del impuesto». Y añade que «este sistema genérico y previo de valoración no está amparado por la ley del impuesto y no puede asimilarse al dictamen de peritos sino que más bien, tal sistema vendría a encajar en la figura de la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal». Por ello, concluye que «la valoración de la Administración no se cerciora del estado real del inmueble y aplica parámetros no convenientemente individualizados».