Distintas marcas se negaron a reintegrar el importe adelantado por las mujeres tras la reserva de su vestido, pese a haber cancelado la boda por el covid.

Sofía y su novio decidieron casarse en junio de 2020. Sin esperar que algo fuese a estropear sus planes, la prometida recurrió a una firma nupcial de gran reputación para elegir el vestido de novia. En febrero de ese año, acudió a la tienda y se probó unos cuantos modelos, pero finalmente eligió un «vestido estándar, sin ninguna adaptación o ajuste». Tras lo que pagó el valor correspondiente al 35% del coste total, 758 euros, en concepto de reserva para que pudieran traer el modelo seleccionado en las próximas semanas desde el almacén.

Pero llegó la pandemia y esta pareja, como la gran mayoría de los que iban a dar ese paso hace dos años, canceló la boda. Así que Sofía envió un email a la marca explicando su situación y solicitando la devolución del importe que había efectuado recientemente. En ese correo, la afectada además explicaba que a causa del coronavirus no había sido posible realizar la prueba de un vestido que a día de hoy todavía no ha visto.

¿Qué hizo la firma nupcial? Ignorar su petición. Y no solo eso, sino que un mes después, le llamó exigiendo el abono de un 35% más del vestido. «Un porcentaje que según me explicaron debía haber sido pagado en el momento de la prueba del vestido. De lo contrario, advirtieron, perdería mi vestido y todo el dinero ya pagado», denuncia esta afectada, en conversación con THE OBJECTIVE.

La cosa no quedó ahí. En septiembre, y con la misma excusa, la empresa volvió a requerirle otro 20% del pago. La afectada, tal vez pensando en la posibilidad de venderlo después, accedió a todas las peticiones y llegó a pagar 1.948 euros por el vestido que jamás usaría ni tiene. Presionada en todo momento por la firma nupcial, que hizo caso omiso a las continuas llamadas telefónicas que Sofía les hizo durante aquellos meses sobre la cancelación de la boda. Ahora, la afectada ha puesto una reclamación en consumo y está a la espera de que le devuelven el importe que ha perdido. «Si esta opción no prospera, pondré el caso en manos de un abogado y llevaré a la firma a los tribunales», advierte.

Sentencias

Esta última tal vez sea la mejor opción. Y es que en los últimos meses se ha producido un aluvión de sentencias condenatorias contra firmas de moda que precisamente, al igual que en el caso de Sofía, se negaron a devolver el dinero a futuras novias que no pudieron casarse por la pandemia.

La primera llegó en junio de 2021. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valladolid estimó la demanda de una mujer a quien la firma nupcial a la que había encargado la confección del vestido de novia se negaba a devolverle los 1.050 euros que había pagado como anticipo, pese a haber cancelado la boda prevista para agosto de 2020.

La afectada contrató la confección del modelo en diciembre de 2019 y comunicó, tras la llegada del coronavirus, la renuncia al mismo en mayo de 2020. En un acto de buena fe, incluso se ofreció a pagar los gastos que podía haber supuesto el pedido, pero la tienda respondió que no era posible la cancelación del encargo porque ya estaba confeccionado y pagado al diseñador.

El juzgado vallisoletano, sin embargo, dio la razón a la clienta y la firma de trajes de novia tuvo que abonar a la mujer el adelanto que había pagado por el vestido. Principalmente, porque el establecimiento no pudo acreditar que el modelo estuviese diseñado cuando la mujer llamó para cancelar el pedido. El juez, además, exoneró a la joven de abonar el importe íntegro del vestido, como pretendía la firma nupcial.

Similar es el fallo que ha emitido esta semana el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Palma. En este caso, la afectada reclamaba los 928 euros del importe que había adelantado por la reserva de su vestido, tras haber cancelado su boda, en junio de 2020. Una petición que ha sido estimada por el juzgado mallorquín, quien ha condenado a una importante firma de moda a devolver el dinero a la afectada por un modelo que jamás se llegó a probar. La tienda se negó en todo momento acogiéndose a las condiciones del contrato, que no admitían cambios ni devoluciones.

Fuente: theobjective.com

 

Zara o Nike ya han anunciado planes para comercializar sus productos en universos virtuales. Unos proyectos de difícil encaje con la ley actual, que no está adaptada a este escenario

Hace unos días, Zara presentó una nueva colección de ropa en colaboración con la firma surcoreana Ader Error, a la que bautizó como ‘AZ Collection’. Las prendas, no obstante, no solo podrán adquirirse en las tiendas físicas. Las compañías han lanzado los diseños al metaverso, concretamente a Zepeto, una plataforma que construye un mundo virtual en el que los avatares pueden realizar cualquier actividad, a partir de ahora enfundados en un abrigo de Inditex. La de Marta Ortega no es la primera ni la única empresa que ha mostrado interés en este espacio digital alternativo. En el mundo de la moda, sin ir más lejos, firmas como Gucci, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Adidas o Nike también han comercializado sus productos en algunos de los universos paralelos existentes a día de hoy (Fortnite, League of Legends o Roblox, entre otros).

El interés que parecen estar mostrando cada vez más organizaciones está más que justificado. Al fin y al cabo, se espera que esta tecnología pase de mover de 17.000 millones de dólares a 184.000 en 2026, según Intelligence Mordor. Otras estimaciones, como la del gigante de las criptomonedas Grayscale, son más optimistas y apuntan hasta los 400.000 millones de dólares en 2025, teniendo en cuenta el espaldarazo de Facebook a este negocio después de que cambiara su nombre a Meta y anunciara la intención de crear su propio metaverso.

Las pretensiones empresariales, no obstante, tienen un difícil encaje con la normativa actual. Ni España ni la Unión Europea cuentan con leyes específicamente adaptadas a este entorno que permitan la comercialización segura de productos. Lo confirma Ramón Moreda, abogado del área de Marcas Internacional de Pons IP. «No hay diseñada una opción para proteger directamente los activos de propiedad industrial e intelectual en el metaverso», asegura. A día de hoy, el blindaje jurídico se realiza a través de las vías habituales para otros productos. Es decir, las oficinas de registros de Propiedad Intelectual.

Y aquí es donde aparece el primer reto. Para elementos explotados comercialmente en el mundo físico, las leyes en materia de propiedad intelectual a escala mundial se rigen por un mismo sistema especial: la Clasificación de Niza. Este método, enfocado al registro de marcas, organiza los productos y servicios en diferentes categorías asociadas a una actividad concreta. Por ejemplo, la primera engloba productos químicos (resinas, plásticos, abonos, fertilizantes y similares, entre muchos otros); la segunda está destinada a pinturas, barnices y lacas; la tercera a cosméticos; la cuarta a aceites y grasas industriales… y así hasta 45 categorías que incluyen tanto bienes como servicios.

De este modo, el acudir a las oficinas nacionales o internacionales con la intención de registrar una marca, el organismo estudia qué tipo de producto es el que se pretende proteger y lo encaja en una de las categorías. Sin embargo, ninguna de las clases está pensada para productos cotidianos que solo existen en el mundo virtual que tiene en mente Facebook. «Principalmente, la protección de activos digitales se englobaría en las clases 9 [aparatos con fines científicos, tecnológicas o de investigación], 35 [publicidad], 38 [servicios de telecomunicaciones], 41 [educación] y 42 [servicios e investigación, científicos y tecnológicos]», señala Moreda. La clase 9 es, de hecho, a la que se está recurriendo de momento para proteger los productos que se quieren explotar en el metaverso.

Estas categorías pueden ser más o menos adecuadas en algunos casos, pero no siempre. Es por ello que el letrado considera necesaria una revisión de la Clasificación de Niza para adaptar la norma a esta nueva realidad. «Es probable que termine ocurriendo. Al final, las leyes se va adecuando a los panoramas actuales», recuerda. Una predicción que puede acabar cumpliéndose teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado la legislación tras la llegada de Internet o las redes sociales.

Límites geográficos, inexistentes en Internet

Otro de los desafíos que presenta el metaverso es la ausencia de fronteras. En el mundo real, las patentes y las marcas suelen tener limitaciones geográficas, una característica que difícilmente puede acotarse en un mundo virtual. ¿Cómo se encuadra esta característica con la realidad que supone internet? «Es complicado», adelanta el abogado de Pons IP. Y agrega que, la recomendación que se sigue actualmente es proteger los productos que se quieren explotar comercialmente en todos los territorios en los que la empresa tenga presencia.

A pesar de ello, el reto transfronterizo de lo digital sigue estando presente. «La globalización, las redes sociales y las páginas web dan visibilidad a nivel global. Dado que las marcas rara vez se protegen a nivel mundial, muchas empresas están expuestas a la piratería y falsificación», lamenta. No obstante, no descarta que, si el universo de Facebook acaba siendo un verdadero éxito, se revise este sistema y se ideen soluciones adaptadas. Como por ejemplo, la creación de organismos de propiedad intelectual presentes únicamente en el mundo virtual a través de las cuales se puedan registrar marcas o patentes. Una opción posible pero remota, ya que requeriría del consenso de todos los gobiernos.

‘Criptozapas’

A pesar de las dificultades, ya hay empresas que han empezado a proteger sus productos virtuales. Es el caso de Nike, que hace unas semanas solicitó ante las oficinas estadounidenses de propiedad intelectual el registro de varias patentes que apuntan a una posible comercialización de zapatillas en el metaverso. Pero no se acaba ahí. «Nike lleva diseñando una estrategia de protección muy ambiciosa, dado que comenzó a estudiar la protección de sus patentes en 2018. Un año después ya patentó un sistema para ‘tokenizar’ sus zapatillas CryptoKicks en la blockchain de Ethereum», explica Moreda.

Otro ejemplo aún más representativo es RTFKT, una compañía radicada en Estados Unidos íntegramente orientada a los espacios virtuales y dedicada a crear ‘criptozapatillas’ y otros artefactos digitales.

Exista interés en vender productos a avatares o no, el letrado recomienda que las compañías, especialmente las grandes multinacionales con marcas fuertes, que se planteen proteger su marca en el mundo virtual. El potencial de negocio que se estima para los escenarios digitales supondrá en definitiva un riesgo extra para las empresas, que podrán ver como piratas digitales se aprovechan de la ausencia de protección y explotan su marca en el metaverso.

 

Fuente: www.elconfidencial.com

La deuda fue reconocida por la causante en un documento que debía surtir efecto después de su muerte. El actor desconocía la deuda. De haberla conocido no habría aceptado la herencia.

El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad por error de la aceptación de la herencia tras el descubrimiento de una deuda de la causante de importe superior a los bienes hereditarios

En la sentencia (disponible en este enlace) se plantea como cuestión jurídica la impugnación por error de la aceptación de la herencia tras el descubrimiento de una obligación de importe superior a los bienes de la herencia.

Según establece la resolución, tras la aceptación tácita de la herencia apareció un documento otorgado por la causante en el que, para dar cumplimiento a la voluntad de su difunto esposo, reconocía el derecho de unos sobrinos políticos a cobrar, a su fallecimiento, el valor de mercado de unas fincas que ella había recibido de su marido como usufructuaria con facultad de disposición y que, haciendo uso de tal facultad, había vendido.

El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda formulada por el heredero, y confirma la del Juzgado de Primera Instancia que estimó la demanda.

Con el documento de reconocimiento de deuda, cuya existencia desconocía el actor, el contenido de la herencia se vio alterado de manera sustancial, de tal manera que, de haber conocido dicha deuda, de la que debía responder con sus propios bienes, no hubiera aceptado la herencia.

Error determinante

El Supremo califica el error sufrido como determinante, esencial y, además, excusable, pues no puede apreciarse, a la vista de las circunstancias, que pudiera ser salvado con una diligencia normal por el heredero.

De no apreciarse este error determinante de su aceptación tácita el demandante vendría obligado a pagar, más allá del valor de los bienes de la herencia y con sus propios bienes, una deuda que nació del reconocimiento voluntario por parte de la causante la cual, al mismo tiempo que la dotaba de eficacia mediante el reconocimiento, por no ser hasta entonces jurídicamente exigible, previó que se pagara con el dinero efectivo que existiera en el caudal a su fallecimiento y, de no ser suficiente, con el importe del valor obtenido en la venta del piso de su propiedad. Esto es, con los bienes hereditarios.

En estas circunstancias, la sala aprecia que el error padecido por el actor fue invalidante de su aceptación de la herencia.

Fuente: https://noticias.juridicas.com/

El dueño del establecimiento, que bajó la persiana durante 80 días la pasada primavera, había solicitado expresamente a la compañía que la póliza incluyera la garantía de cese de actividad.

El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Granada ha condenado a una aseguradora a abonar 80.000 euros a un restaurante que tuvo que cerrar durante la etapa más dura del confinamiento por entender que el cese de la actividad de este negocio impuesto por el Gobierno en el marco de las medidas para frenar la expansión del coronavirus está incluido dentro de la cobertura de la póliza del establecimiento y por tanto es objeto de indemnización.

Este restaurante se vio obligado al cierre en marzo de 2020 y durante 80 días, en la etapa más dura de la pandemia en la que el Gobierno decretó el cierre de toda actividad no esencial para luchar contra la covid, según ha detallado a la agencia Europa Press el abogado que ha llevado el caso, Antonio Estella, del despacho MLegal.

 

La clave del asunto era determinar la existencia o no de cobertura en la póliza suscrita por el restaurante, en función tanto de la cobertura contratada como de la calificación de la cláusula y, en general, si la situación generada tras el Real Decreto del 14 de marzo que derivó en el cierre de este restaurante granadino era motivo de indemnización.

Estado de alarma

La paralización de actividad se incluía en la póliza de la aseguradora a petición expresa del propietario

En la sentencia, se expone que la redacción de la cláusula objeto de litigio hace constar que se incluye en la definición del riesgo la pérdida de beneficios como consecuencia de cualquier siniestro cuyos daños materiales se encuentren amparados por la póliza e indica que cualquier tipo de causa de paralización de la actividad se encuentra incluida en el ámbito del contrato.

Según agrega de hecho la resolución, el dueño del establecimiento solicitó expresamente cuando le presentaron la primera propuesta de la póliza que incluyera la garantía de cese de actividad, que fue suscrita a su petición, siendo una de las garantías cuya prima es más elevada.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/

No cabe imputar al consumidor/usuario el coste del cambio del contador del gas ni siquiera en caso de manipulación.

El Tribunal Supremo ha dictado, en una reciente sentencia, que no cabe imputar al consumidor/usuario el coste del cambio del contador del gas ni siquiera en caso de que sea necesario sustituirlo por uno nuevo por haber sido manipulado.

El alto tribunal centra su análisis en la interpretación que debe hacerse de los artículos 49.2 y 62.4 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. El primero de los artículos, el 49.2, dispone que los equipos de medida podrán ser propiedad del consumidor o podrán ser alquilados por el mismo a las empresas distribuidoras, en cuyo caso la empresa procederá a la instalación de los mismos sin exigir cantidad alguna por ello. El segundo, el 62.4, recoge que en la resolución por fraude se determinará la cantidad necesaria para subsanarlo, así como los gastos derivados de la inspección de las instalaciones.

Para la Sala, lo regulado en el artículo 49.2 sobre los equipos de medida es “una regla general que, al no contemplar excepciones, debe considerarse aplicable en todo caso, también en el supuesto de manipulación de contadores al que se refiere la controversia”.

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En relación con el artículo 62.4, referido a los casos de fraude, explica que el hecho de que no haga una referencia al coste de sustitución de contadores “obliga a considerar, por aplicación de aquella regla general del artículo 49.2, que tampoco en los casos de fraude podrá la empresa distribuidora exigir cantidad alguna por la instalación de un nuevo contador”.

La sentencia, ponencia del magistrado Eduardo Calvo, señala que de lo contrario se llegaría en determinados casos “a un resultado abusivo e injusto, pues se imputaría indiscriminadamente el coste de sustitución de un contador al consumidor/usuario actual siendo así que la manipulación acaso la llevó a cabo un anterior usuario del local o vivienda, o quizás el propietario (caso de ser el usuario un arredantario), o incluso un tercero que hubiese tenido acceso al contador situado en el exterior del inmueble”.

La diferencia entre el supuesto del artículo 49 y del artículo 62 es la existencia de fraude, según el tribunal, pero ello no implica que este haya sido cometido por el cliente, por lo que “cobrar a un usuario por el cambio de un contador que no ha manipulado sería un abuso por parte de la empresa, dejando al usuario en una situación de indefensión absoluta”. También indica que la empresa puede acudir por la vía civil para reclamar los costes de sustitución del contador si tuviese pruebas de que este ha sido manipulado por el propio consumidor; o dirigirse frente a la persona que haya realizado tal acción en caso de no ser responsable el consumidor.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por Madrileña Red de Gas, S.A.U. contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la resolución de la Comunidad de Madrid que declaró que esta entidad no podía requerir a través de las compañías comercializadoras de gas natural ninguna cantidad económica por el deterioro de los contadores de su propiedad que tuviese arrendados a consumidores hasta que no se regulara reglamentariamente. Además, concedió un plazo de un mes a Madrileña Red de Gas, S.A.U. para que anulara las cantidades requeridas por dicho concepto desde enero de 2015.

La empresa recurrente alegó que en esos casos de fraude se podía imputar al consumidor el coste de sustitución del contador, en aplicación del artículo 62.4, como parte de la cantidad necesaria para subsanarlo. En cambio, la Comunidad de Madrid sostuvo que ese artículo lo que determina es que en caso de fraude la empresa pueda recuperar los consumos no facturados pero no el cobro de los contadores manipulados. Además, consideró que lo que solicitaba la empresa recurrente no era solo una interpretación extensiva de la norma, sino que ésta incluyera un supuesto que no se había previsto en ella.

Fuente: noticias.juridicas.com

cuidado

El registro individual o ficha electrónica única contendrá los asientos que se incluyen en las hojas del aún Libro de Familia en papel.

Desde el próximo 30 de abril, los ciudadanos dispondrán de una ficha electrónica única con todo su historial, que sustituye al tradicional Libro de Familia en formato físico y que se tramitará a través de un registro electrónico único, con una base común para toda España.

Un proyecto que nació hace más de una década y parece que el ministerio de Justicia lo ha llevado con calma. Era entonces el ministro del Gobierno de Zapatero, Francisco Caamaño. el que advirtió en enero de 2010 del cambio que se avecinaba en el libro donde figuran el o los cabeza de familia y su descendencia«Cambia de arriba abajo la concepción de nuestro registro actual», advertía entonces el ministro de Justicia.

Este documento tradicional, que expedía el Registro Civil y que existía en la práctica totalidad de los hogares españoles data desde más de un siglo y acreditaba las relaciones de parentesco en el núcleo familiar, entre padres e hijos y entre cónyuges,. Una base documental extraordinaria que muestra los importantes cambios de la sociedad española durante todo este tiempo.

Con la entrada de la nueva Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, se sustituye la expedición del Libro de Familia por un nuevo sistema de registro individual.

La Disposición transitoria tercera de la nueva Ley del Registro Civil establece que «a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley no se expedirán más Libros de Familia…»

Los Libros de Familia expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del esta nueva ley seguirán teniendo los efectos previstos en los artículos 8 y 75 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, es decir el Libro de Familia físico gozará de las mismas funciones con las cuales ha venido funcionando.

Además, este registro individual contiene los asientos que se incluían en las hojas del hasta ahora Libro de Familia que, entre otras cosas sirve, para sacarse el DNI o el de un hijo menor, así como el pasaporte, tramitar la baja maternal, dar de alta a los hijos en la cartilla de la Seguridad Social, empadronamiento, solicitar plaza en una guardería o en un colegio público o concertado solicitar el paro o cobrar el subsidio cuando este se termina, viajar con un bebé, etc.

El Libro de Familia fue creado el 15 de noviembre de 1915 por el Ministerio de Gracia y Justicia, mediante una ley firmada por Alfonso XIII, y en el caso de fallecimiento del titular del Libro de Familia no se puede expedir copias a sus familiares interesados.

Fuente: https://www.elmundo.es/

 

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El Abogado General de Unión Europea, el Sr. Priit Pikamäe, en sus conclusiones de 3 de diciembre de 2020 en el Asunto C 356/19, considera que el hecho de que un vuelo aterrice en un aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la reserva, situado en la misma ciudad o en la misma región, obliga a la compañía aérea a abonar los gastos ocasionados al pasajero por su transporte desde el aeropuerto de llegada hasta el aeropuerto para el que efectuó la reserva o hasta otro destino cercano convenido entre el transportista aéreo y el pasajero, con exclusión del derecho a compensación de que dispone el pasajero en caso de cancelación del vuelo.

Además, añade que el derecho a compensación nacería únicamente si, como consecuencia de dicho desvío, el pasajero llega al aeropuerto para el que efectuó la reserva o a otro destino cercano convenido con el transportista aéreo con un retraso de tres horas o más.

El origen del caso

El Sr. Priit Pikamäe opina sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional de Korneuburg, Austria, ante el cual un pasajero presentó una demanda solicitando una compensación a tanto alzado de 250 euros porque su vuelo de Viena a Berlín Tegel fue desviado al aeropuerto de Berlín Schönefeld, aterrizando con 58 minutos después del horario inicialmente previsto para la llegada a Berlín.

En el caso, la compañía aérea no propuso al pasajero ningún transporte alternativo desde Berlín Schönefeld a Berlín Tegel y se negó a abonar la compensación reclamada por el pasajero alegando que este llegó a su destino final, Berlín, con menos de una hora de retraso, y añadiendo que pudo llegar fácilmente a su domicilio tomando un medio de transporte adicional desde el aeropuerto de sustitución.

En primera instancia el Tribunal de Distrito de Schwechat, Austria, desestimó las pretensiones del pasajero al entender que el desvío del vuelo no había supuesto una modificación esencial del itinerario del vuelo, por lo que, a su parecer, no podía considerarse que el vuelo hubiera sido cancelado. Además, dicho órgano declaró asimismo que el retraso no alcanzaba una duración de tres horas o más.

En estas circunstancias, el pasajero interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Regional de Korneuburg se pregunta, en primer lugar, si los hechos deben entenderse como constitutivos de una cancelación, un retraso o un supuesto distinto; en segundo lugar, si el transportista aéreo puede invocar el advenimiento de circunstancias extraordinarias en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004 que afectaron a un vuelo anterior al realizado por el pasajero; y, en tercer lugar, si dicho transportista debe abonar una compensación por incumplimiento de las obligaciones de asistencia y atención que le incumben.

La conclusión del Abogado General

En sus conclusiones, en primer lugar, el Abogado General Pikamäe, establece que la calificación de “vuelo cancelado” implica que las molestias que sufren los pasajeros como consecuencia del incumplimiento de la obligación de transporte deben ser graves. Ahora bien, el aterrizaje de un vuelo en un aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la reserva, pero que presta servicio a la misma ciudad o la misma región, no constituye, en opinión del AG, de una situación que, como tal, ocasione molestias tan graves para los pasajeros como las que genera una cancelación.

Según Pikamäe, un pasajero que toma un vuelo que se desarrolla de conformidad con la programación inicial y llega al aeropuerto para el que efectuó la reserva con un retraso inferior a tres horas, sufre las mismas molestias y de la misma importancia que un pasajero, como la parte demandante en el litigio principal, cuyo vuelo ha sido desviado a un aeropuerto de sustitución que presta servicio en la misma ciudad o la misma región, y que llega al aeropuerto para el que efectuó la reserva con un retraso inferior a tres horas.

En el presente supuesto, el Abogado General considera que el mero hecho de que un vuelo sea desviado a un aeropuerto de sustitución situado a poca distancia del aeropuerto para el que se efectuó la reserva no da derecho a obtener una compensación a tanto alzado, ya que el pasajero llega al aeropuerto sustituto, Schönefeld, con un retraso de 58 minutos, inferior a las tres horas que le otorgarían derecho de compensación.

Así pues, concibe dicho desvío como un supuesto de prestación deficiente distinto de la cancelación del vuelo, y, de ello se deduce que ese desvío únicamente genera el derecho del pasajero a la cobertura de los gastos de su transporte desde el aeropuerto de llegada hasta el aeropuerto para el que efectuó la reserva (o hasta otro destino cercano convenido entre el transportista aéreo y el pasajero), con exclusión del derecho a compensación de que dispone el pasajero en caso de cancelación del vuelo.

El AG propone al Tribunal de Justicia que declare que el hecho de que un vuelo aterrice en un aeropuerto distinto de aquel para el que se efectuó la reserva, situado en la misma ciudad o en la misma región, no origina un derecho del pasajero a compensación por cancelación del vuelo. Asimismo, considera que la compañía aérea debe ofrecer al pasajero, por propia iniciativa, la cobertura de los gastos de desplazamiento hasta el aeropuerto para el que se efectuó la reserva o hasta otro destino cercano convenido con el pasajero.

Ahora bien, las reacciones ante estas conclusiones no han tardado en llegar, y Almudena Velázquez, co- directora legal de reclamador.es, compañía online líder en reclamaciones áreas en España, muestra su disconformidad al respecto, y explica que «el Reglamento Europeo 261 no hace esa exclusión al derecho de compensación. Y si por causas que no sean de fuerza mayor la aerolínea modifica el plan de vuelo y eso le ocasiona al pasajero el retraso en la llegada, debe compensarse». Además, añade que le sorprende que en las conclusiones del Abogado General este pretenda reducir los derechos de los pasajeros “hasta el punto de que incluso esa alteración unilateral del lugar de aterrizaje considere que no debe tener consecuencias en la aerolínea, en cuanto a pagar el traslado de los pasajeros, sino que lo deja a su política comercial».

No obstante, las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia, ya que la función del Abogado General consiste en proponer al TJUE, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa, y ahora los jueces del Tribunal de Justicia comienzan sus deliberaciones sobre este asunto.
Fuente: noticias.juridicas.com

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El Tribunal Supremo ha dado la razón a Google y le ha permitido mantener los enlaces a la opinión pública sobre una investigación penal que afectaban a un profesional, que solicitó por la vía de la casación ejercer su derecho al olvido. La Sala de lo Contencioso-administrativo considera que el derecho a la información debe prevalecer, ya que si bien no es un personaje público, la información sí que sigue siendo relevante para cierto público.

En la sentencia (1175/2020, de 17 de septiembre), ponderando los intereses en conflicto, para la Sala ha primado el derecho a la información sobre el derecho al olvido, un derecho que, según el propio TC, no es ilimitado.

Aunque era cierto que el afectado no es un personaje público ni tiene intervención en la vida pública, y que su labor profesional se circunscribe a una actividad privada empresarial, concretamente en el sector inmobiliario, los aspectos profesionales de su actividad sí tienen un interés público, el interés de los consumidores y usuarios en conocer y acceder a publicaciones que contienen valoraciones y opiniones sobre profesionales a través del motor de búsqueda de Google.

Por ello, el Alto Tribunal insiste en que el que no se trate de una persona pública no implica que la noticia no sea relevante para el interés público.

Experiencias de una usuaria

Lo que se transmite en la publicación que se pretende cancelar son las experiencias y opiniones de una usuaria en dos plataformas de quejas que se refieren fundamentalmente a críticas profesionales por los servicios prestados por la empresa del afectado, sin que las expresiones descalificadoras que contengan algunos casos resulten en sí mismas desproporcionadas en el contexto en el que se expresan los juicios y opiniones sobre la forma de operar de la empresa de servicios inmobiliarios dirigida por el interesado.

Además, esta prevalencia del interés público de la información no se ha diluido por el paso del tiempo, pues sigue siendo relevante y de interés en la formación de una opinión pública informada. Las quejas iniciales datan del año 2010, pero posteriormente se dejaron otros comentarios también adversos de otros usuarios en los años 2014 y 2015, e incluso hasta el año 2017 en el que se abre una investigación penal por conductas supuestamente delictivas vinculadas a la empresa inmobiliaria o a sus socios.

Por su parte, la solicitud de cancelación de la publicación es del año 2016, por lo que para el Supremo no ha transcurrido un tiempo suficiente para entender que se ha disipado el interés subyacente en la información, hasta el punto de desaparecer.

El TS encuadra las publicaciones controvertidas en la libertad de expresión, con las consecuencias que derivan sobre la veracidad, pues lo que se pretende rectificar o cancelar a través del derecho al olvido es la publicación en las plataformas de denuncia de fraude con los comentarios o experiencia de usuarios en relación con los servicios ofrecidos por la empresa inmobiliaria, y se insiste en que las manifestaciones de los usuarios son opiniones subjetivas que se enmarcan en la libertad de expresión.

La sentencia recuerda también que Google es el gestor del motor de búsqueda, y su función es contribuir a hacer accesible la información y a facilitar el acceso y conocimiento de la opinión vertida por los usuarios. Como ya ha declarado el TJUE, «los hipervínculos contribuyen a su buen funcionamiento y al intercambio de opiniones y de información en esa red caracterizada por la disponibilidad de cantidades ingentes de información».

Por último, matiza el Tribunal de Justicia que, si bien en ciertos casos prevalecen los derechos personalísimos sobre el interés de los internautas, para lograr el equilibrio debe estarse a la concreta naturaleza de la información de que se trate y al carácter «sensible» de la información para la vida privada de la persona afectada y del interés del público en disponer de esa información, interés público que, en el caso analizado y para el Supremo, tiene un valor preponderante.

Fuente: http://noticias.juridicas.com/

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La sentencia, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social el pasado 23 de julio, afirma que «el avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de nuevos soportes electrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental». Eso sí, subrayan los magistrados, «con las necesarias adaptaciones» como, por ejemplo, ir acompañada de la necesaria autenticación.

La controversia a la que pone fin el alto tribunal es si los emails encajan dentro del concepto «prueba documental» del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Dicho precepto regula, entre las causas que pueden ser objeto de un recurso de suplicación, «revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas». Así, si el juez de primera instancia no había considerado los correos electrónicos como prueba documental, no cabía sustentar sobre los mismos la impugnación a la sentencia dictada por el mismo. Hasta la fecha se habían dictado un buen número de sentencias contradictorias en este sentido. Así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en una resolución del enero de 2018, o el TSJ de Andalucía, en otra de 2017, habían negado la condición de prueba documental de los emails presentados en procesos laborales. En cambio, el TSJ de Aragón, en 2010, sí los admitió como prueba válida

El Supremo, finalmente, resuelve la cuestión argumentando que «si no se postula un concepto amplio de prueba documental, llegará un momento en que la revisión fáctica casacional quedará vaciada de contenido si se limita a los documentos escritos, cuyo uso será exiguo». Por ello, en el caso concreto, otorga el valor de prueba documental a los correos electrónicos presentados en el proceso. En todo caso, como concluyen los magistrados «ello no supone que todo correo electrónico acredite el error fáctico de instancia, al igual que sucede con los documentos privados. Para ello será necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia».

Fuente: cronicaeconomica.com

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Impuestos, documentación, deudas, herencias sin testamentos, quiénes son los herederos, donaciones realizadas… No son pocas las cuestiones a tener en cuenta a la hora de gestionar y recibir una herencia. Cuando los ciudadanos se enfrentan por primera vez a la gestión de este tipo de trámites se pueden dar equivocaciones que, de no subsanarse a tiempo, pueden suponer un agravio económico para los herederos. Por eso, reclamador.es, la solución legal digital, recopila a continuación los 5 errores más comunes que se cometen al gestionar una herencia, para que los usuarios los tengan en cuenta llegado ese momento.

  1. Desconocer los plazos para pagar los impuestos

Los herederos deben tener en cuenta que existe un plazo fijado en la ley para liquidar el impuesto de sucesiones. Este plazo es de 6 meses y empieza a contar desde el momento del fallecimiento del causante. Existe la opción de solicitar una prórroga de otros 6 meses para poder liquidarlo, pero hay que pedirla en los 5 primeros meses.

Solo hay una situación en la que los herederos no deben pagar el impuesto de sucesiones y es cuando se renuncia a la herencia de forma pura y simple. En el resto de los casos, hay que liquidar este tributo. También, si existiera una vivienda en la masa hereditaria habría que liquidar el impuesto de plusvalía municipal. El plazo para pagar la plusvalía municipal cuando se produce por mortis causa es, igualmente, de 6 meses desde el fallecimiento del causante -si la plusvalía se paga por donación o venta el plazo es de 30 días-.

Por todo esto, cuanto más se tarde en empezar a gestionar una herencia, menos días tendrán los herederos para pagar los impuestos que implica heredar.

  1. Desconocer que también se heredan las deudas 

Es posible que la aceptación de la herencia conlleve deudas que el heredero deberá asumir como propias una vez se acepte y reparta la herencia.

Pese a que los notarios informan de estos hechos, los sucesores pueden ahorrarse tiempo y dinero si se asesoran bien y pueden decidir o bien aceptar la herencia a beneficio de inventario o, incluso, renunciar a la misma.

  1. No conocer cómo se reparte una herencia

Un error muy habitual al enfrentarse al reparto de una herencia es pensar que a cada heredero forzoso le corresponde un tercio de la herencia. Esta es una de esas “leyendas urbano-jurídicas” erróneas.

La herencia se divide en tres tercios, uno de ellos reservados para los herederos forzosos (la legítima). Si son varios herederos, ese tercio de la herencia se divide entre cada heredero.

  1. Desconocer cómo afectan las donaciones en las herencias

Sí, las donaciones afectan de una u otra manera en las herencias y este hecho es muy desconocido. El Artículo 1035 del Código Civil recoge que “El heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una sucesión deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición”. 

  1. Pensar que se puede gestionar una herencia sin asesoramiento legal experto

Y es que tramitar una herencia, indica reclamador.es, tiene numerosos pasos y numerosos documentos a recopilar según el tipo de herencia al que se enfrenten los herederos. Por ejemplo, si el fallecido no dejó hecho testamento, se deberá hacer la declaración de herederos y, para ello, hay que solicitar una serie de documentación.

Fuente: Reclamador

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