Fuente: www.abogados-hg.com

Ante un Despido Verbal (un “no vuelvas más a trabajar”), el trabajador muchas veces no sabe como reaccionar y simplemente interpone la correspondiente Papeleta de Conciliación ante el Servicio de Mediación y Arbitraje, entendiendo que la empresa no negará que se ha producido el despido.

En la Conciliación, la empresa podrá señalar que no hay avenencia por los motivos procesales que en su momento se señalará o simplemente no acudir a la Conciliación, con lo que ni negará ni afirmará que se ha producido el Despido Verbal.

El trabajador podrá quedar desagradablemente sorprendido en el acto del Juicio cuando la empresa niegue que se ha producido el despido, al no existir prueba alguna de que se haya producido el despido.

El TSJ de Andalucía, en Sentencia de fecha 22 de diciembre de 2.010, dio la razón al trabajador en un Despido Verbal, razonando que la empresa tuvo la posibilidad de requerir al trabajador para que se presentara a su puesto de trabajo, algo que no realizó, por lo que le da la razón al trabajador y concluye que se ha producido un despido improcedente.

No obstante, el Tribunal Supremo (STS 9364/2011, Nº Recurso: 882/2011, Ponente: D. Jesús Souto Prieto), revocó la Sentencia anteriormente señalada, dando la razón a la Sentencia aportada de Contraste en la Casación para la Unificación de Doctrina ( TSJ del País Vasco  de 16 de mayo de 2000, recurso nº 483/2000) que establecía que es el trabajador al que le corresponde probar que ha sido despedido de forma verbal, a tenor del articulo 1.214 del Código Civil, pues “en los supuestos en que el trabajador y el empresario discrepan sobre si el contrato de trabajo se extinguió por voluntad de uno u otro, la carga incumbe a la parte que en el proceso alega su versión con el fin de obtener determinados efectos jurídicos y no a la parte que simplemente sostiene la otra versión como reacción a la mantenida por el adversario, oponiéndose a los efectos jurídicos pretendidos por éste, sin que ella trate de obtener otros”.

Es por tanto, el trabajador el que debe de probar el Despido Verbal, ya que es el trabajador quién demanda y quién solicita una Sentencia constitutiva de efectos jurídicos como es la de Despido Improcedente, sin que pueda argumentarse que la empresa tiene una mayor facilidad probatoria y una obligación de probar que ese despido no se produjo.

El trabajador, ante un Despido Verbal, debe de actuar con rapidez para probar que se ha producido dicho Despido, la recomendación de nuestro despacho es que se realice de forma escrita mediante burofax, relatando de forma detallada los hechos y requiriendo a la empresa la admisión del trabajador al trabajo. Hay que tener en cuenta que  cada caso habrá de ser valorado para determinar la mejor forma de actuar.

El trabajador en el momento del Despido Verbal, como prevención debe de solicitar una Vida Laboral ya que a veces las empresas dan de baja al trabajador días antes en la Seguridad Social y puede haber problemas con los plazos a la hora de solicitar el desempleo o computar los días para presentar la Papeleta de Conciliación.

Para más información quedamos a su disposición en el teléfono 91.279.19.80, en  info@hglegalconsulting.com o www.abogados-hg.com

Fuente: www.eleconomista.es

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia que obliga a una empresa a readmitir a un trabajador al que instaló un GPS en su coche particular para comprobar si realizaba actividades incompatibles con su situación de incapacidad temporal.

La Sala de lo Social considera que la empresa vulneró su derecho a la intimidad por colocar el dispositivo de control de manera permanente en un bien que era propiedad del empleado y hacerlo en “contra de su voluntad”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Aurelio Desdentadorecalca que la compañía se excedió al llevar a cabo una forma de control que no guardaba proporcionalidad con los derechos fundamentales que estaban en juego.

El alto tribunal desestima así el recurso que presentó una empresa de Bilbao contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirmaba la resolución dictada anteriormente por un juzgado de Bilbao.

Este juzgado había ordenado que la compañía readmitiera al empleado y le abonara los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, a razón de 140,18 euros al día.

Diagnóstico

Según el relato de hechos probados, Joaquín I. trabajaba desde 1976 como ayudante de obra y su trabajo consistía en desplazarse a bordo del vehículo de la empresa o a pie para controlar el trabajo que llevaba a cabo el personal que se encontraba bajo su responsabilidad.

El 17 de junio de 2010, el trabajador inició un proceso de incapacidad temporal por una enfermedad común. A pesar de que se le diagnosticó “dolor de brazo”, la empresa descubrió que conducía su vehículo particular y realizaba “esfuerzos físicos” durante el tiempo en que permaneció de baja.

La empresa contrató un detective privado que colocó un localizador GPS en el vehículo particular de Joaquín para obtener esta información. Así que un mes después le comunicó en un burofax que estaba despedido por la “transgresión de la buena fe contractual, el abuso de confianza en el desempeño del trabajo y el incumplimiento grave, culpable, voluntario e intencionado” del Estatuto de los Trabajadores.

La compañía argumentó que el empleado había conducido su vehículo de forma diaria, durante varias horas al día y circulando algunas distancias “considerables”, y concretó las fechas y lugares de destino de los desplazamientos.

Conducción de madrugada

En el burofax explicó que el trabajador fue visto de madrugada conduciendo desde una sociedad recreativa de Deusto y que se le descubrió en otras ocasiones realizando “diferentes esfuerzos físicos” cuando cargaba la compra del supermercado.

Un día se le observó haciendo “un gran esfuerzo” al transportar equipajes de viaje, mientras su acompañante trasladaba en sus manos “una pequeña bolsa de plástico”.

Así las cosas, la empresa le comunicó su despido, pero el juzgado de lo Social número 4 de Bilbao lo declaró nulo porque se fundamentaba en datos obtenidos con vulneración del derecho fundamental a la intimidad en relación con los derechos a la libertad de circulación y a la tutela judicial efectiva.